Designan a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia
Con el Decreto 810/2025, el Gobierno Nacional completó la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), un organismo que reemplazará a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que finalmente materializa un mandato legal que llevaba siete años sin implementarse.
La puesta en marcha de la ANC busca aportar transparencia, previsibilidad y un marco institucional más sólido para la defensa de la competencia en Argentina, alineándose con estándares internacionales aplicados en economías desarrolladas.
Tras un Concurso Público de Antecedentes y Oposición, se seleccionó a los cinco funcionarios que encabezarán el organismo, que funcionará de manera descentralizada y autárquica dentro del Poder Ejecutivo.
Tribunal de Defensa de la Competencia
- Eduardo Montamat, Presidente
- Lucas Trevisani Vespa, Vocal
- Marcelo D'Amore, Vocal
Estos cargos conforman el corazón del Tribunal, encargado de evaluar conductas anticompetitivas, sancionar prácticas abusivas y garantizar reglas de juego equilibradas en los mercados.
Áreas técnicas y regulatorias
- Germán Zamorano, Secretario de Concentraciones Económicas
- Ana Parente, Secretaria Instructora de Conductas Anticompetitivas
Sus roles son clave para el análisis técnico de fusiones y adquisiciones, así como para la investigación de prácticas que puedan distorsionar la competencia.
Los cinco miembros fueron designados en comisión, lo que implica que ejercerán sus funciones hasta que el Senado otorgue el acuerdo definitivo. Este mecanismo permite que el organismo comience a operar de inmediato mientras se completa el proceso institucional previsto.
Por qué importa la creación de la ANC
La conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia representa un avance estructural en materia de regulación económica:
- Fortalece la independencia en la toma de decisiones.
- Moderniza el esquema de control de mercados.
- Mejora la seguridad jurídica para empresas y consumidores.
- Cumple con una ley que llevaba años sin ponerse en marcha.
Para especialistas en derecho y economía, su activación es una señal importante de estabilidad normativa y alineación con buenas prácticas globales en materia de competencia.