Crisis en el sistema de discapacidad: prestadores reclaman el cumplimiento de la emergencia
La red de organizaciones y profesionales que integran Prestadores Unidos emitió un comunicado en el que cuestionan al Gobierno nacional por no aplicar de manera efectiva la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. A casi un año de decretada la emergencia y dos meses después de su promulgación final, denunciaron que el Ejecutivo “desoye un mandato legal y social” y que las medidas adoptadas hasta ahora resultan “insuficientes y tardías”.
El colectivo señaló que el aumento arancelario anunciado por el Gobierno no solo no cumple con lo establecido por la ley, que exige una recomposición equivalente al desfasaje acumulado del 70%, sino que además no representa una mejora real para el sistema, que atraviesa una crisis profunda.
El incremento del 35%, que se cobrará recién entre marzo y abril de 2026, fue calificado como una forma de “ajuste encubierto” que sigue precarizando la atención y debilitando a las instituciones.
En el comunicado, remarcaron que el aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero de 2026 y que no existe compensación retroactiva por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Ese retraso equivale, según indicaron, a aproximadamente tres meses de facturación perdida para los prestadores.
También alertaron que el atraso arancelario acumulado obliga a instituciones y profesionales a afrontar costos operativos, incrementos salariales, aguinaldos, combustibles y servicios con valores desactualizados. Citaron datos de la Provincia de Buenos Aires que indican que “numerosos prestadores debieron cerrar sus puertas durante el último año”.
Otro punto crítico mencionado es la situación de las más de 7.000 personas con discapacidad que trabajan en Talleres Protegidos, quienes continúan recibiendo una asistencia mensual de $28.000, congelada desde febrero de 2023.
Además, Prestadores Unidos cuestionó una proyección incluida en el Presupuesto Nacional 2026 que prevé la eliminación de 197.000 pensiones por discapacidad, medida que calificaron como “violatoria de derechos constitucionales” y que, según advirtieron, profundizará la desigualdad.
La organización denunció, asimismo, que frente a este escenario de recortes, el Gobierno impulsa “discursos de desinformación” para deslegitimar reclamos históricos del sector. Subrayaron que el cumplimiento de la Ley 27.793 “no es opcional” y que su aplicación constituye una obligación del Estado.
Finalmente, vincularon esta demanda con otras luchas actualmente abiertas, como la defensa del financiamiento universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica y el reclamo de los jubilados.
“Cuando un gobierno vulnera a las minorías, compromete a toda la sociedad”, expresaron. Y concluyeron con un pedido firme: “Ley de Emergencia YA. Cumplir la ley no es una decisión política: es un deber del Estado”.