Ofertas por 685 millones de dólares para privatizar las represas del Comahue
El Estado Nacional confirmó este viernes la apertura de las ofertas económicas para la concesión y operación privada de las represas del Comahue, uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país.
En total, ocho empresas se presentaron al proceso, y las mejores ofertas para cada una de las concesiones aseguran un ingreso mínimo de USD 684 millones en esta primera etapa.
Según fuentes oficiales, la revisión técnica de las propuestas ya fue completada y solo la concesión de Cerros Colorados tendrá una instancia de mejora de ofertas. En cambio, las otras tres —Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila— ya alcanzaron el monto mínimo requerido por el pliego.
Más allá de las ofertas económicas, el pliego establece que los futuros operadores deberán realizar todas las inversiones, obras y reformas necesarias para garantizar una operación segura, eficiente y sostenible de los complejos.
Se trata de un punto central del proceso: el Gobierno busca no solo transferir la gestión, sino también asegurar la actualización tecnológica y el mantenimiento estructural de las represas, que son claves para la generación eléctrica regional.
Un proceso competitivo y con fuerte participación privada
La amplia participación empresaria fue destacada por autoridades del área energética, que señalaron que el interés en la operación de estos activos confirma la atractividad del sistema hidroeléctrico y la capacidad del sector privado para aportar capital y eficiencia.
El proceso de adjudicación avanza, según remarcaron, bajo parámetros de transparencia, competencia y maximización del valor público, elementos clave para garantizar un esquema de concesión alineado a estándares internacionales.
Un complejo estratégico para la matriz energética
Las represas del Comahue representan una pieza clave dentro del sistema eléctrico nacional por su capacidad de almacenamiento, regulación de caudales y generación de energía. Su modernización y correcta operación tienen un impacto directo en la seguridad energética y en la estabilidad del suministro en varias regiones del país.
Con las ofertas ya sobre la mesa, el proceso ingresa en una etapa decisiva que terminará de definir quiénes administrarán estos activos durante los próximos años.