Residentes de INAREPS denuncian precarización laboral y tres meses sin cobrar
La Asamblea de Residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) difundió una carta abierta en la que advierte sobre el “profundo deterioro” de sus condiciones laborales a partir de la implementación del Reglamento de Residencias Nacionales 2109/2025 y denuncia que llevan tres meses sin percibir sus salarios.
En el documento los residentes sostienen que la normativa vigente “despojó de derechos básicos” a quienes están en formación dentro del sistema público y que garantías históricas, como licencias, cobertura ante enfermedad o condiciones mínimas de seguridad, “se transformaron en beneficios negados”.
A esta situación se suma, según detallan, un retraso salarial que afecta a quienes ingresaron bajo el nuevo régimen.
“Tres meses sin cobrar mientras cumplimos jornadas extensas y guardias extenuantes”, señalan, y describen un escenario de agotamiento físico y emocional que convive con la incertidumbre económica.
Los residentes aseguran que han elevado reclamos al Ministerio de Salud nacional, pero que solo obtuvieron “indiferencia” y ausencia de respuestas concretas. “Nuestra realidad parece ser tratada como un daño colateral aceptable”, expresan en el escrito, al tiempo que recuerdan que la vocación “no alcanza para pagar alquileres ni comprar comida”.
También subrayan la paradoja que atraviesa al sector: quienes están en la primera línea de atención y sostienen el funcionamiento del sistema público no tienen garantizado un ingreso mensual ni derechos laborales elementales. “Detrás de cada residente hay una persona que estudió años, que toma decisiones críticas y asume responsabilidades enormes, pero que hoy vive una crisis personal y colectiva sin interlocutores”, remarcan.
La Asamblea insiste en que no busca privilegios, sino la restitución de derechos básicos y condiciones dignas para poder continuar su formación. Advierten que, de persistir la situación, muchos profesionales se verán obligados a abandonar sus residencias, lo que tendría impacto directo en la atención sanitaria.
“Lo que hoy afecta a los residentes mañana puede afectar a cualquier persona que necesite un sistema de salud que funcione con dignidad”, concluyeron.