Juicio a exjefes de la Armada por el ARA San Juan
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos inició el juicio oral contra cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina acusados por su presunta responsabilidad en el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.
El proceso busca determinar si existieron incumplimientos funcionales y omisiones en la cadena de mando que contribuyeron al desenlace fatal. La tragedia dejó 44 tripulantes fallecidos y marcó uno de los episodios más dolorosos de la historia naval argentina reciente.
La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, donde se reconstruyeron los hechos, se detalló la prueba recolectada durante la instrucción y se establecieron las calificaciones legales atribuidas a los imputados.
Los acusados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.
Todos llegan a juicio como presuntos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Según la acusación fiscal, en sus respectivos cargos dentro de la Armada habrían incumplido funciones vinculadas al alistamiento, mantenimiento y control operativo del submarino.
Las condiciones técnicas bajo análisis
Uno de los ejes centrales del debate es el estado operativo del ARA San Juan al momento de su última misión.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el submarino había excedido en 26 meses el intervalo reglamentario para ingresar a dique seco, instancia clave para realizar tareas de mantenimiento estructural. Además, presentaba limitaciones operativas, equipos degradados y sistemas fuera de servicio, lo que habría incrementado el riesgo inherente a la actividad submarina.
La acusación sostiene que el comandante de la nave había informado con anterioridad diversos desperfectos técnicos y solicitado el ingreso a mantenimiento mayor, advertencias que —según la hipótesis fiscal— no fueron debidamente atendidas.
La última navegación y el incidente previo a la implosión
El 11 de noviembre de 2017 el submarino zarpó desde Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. El 14 de noviembre, entre las 22.35 y las 23.42, se habría producido un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N°3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio.
Según la reconstrucción presentada en la acusación, las consecuencias de ese incidente afectaron gravemente los sistemas del buque. El 15 de noviembre a las 10.51 se produjo la pérdida de plano y posterior implosión al superar la profundidad de colapso.
Para la fiscalía, el resultado —la muerte de los 44 marinos y la pérdida total de la unidad— fue consecuencia directa o, al menos, previsible frente a la violación del deber de cuidado que pesaba sobre los imputados.
Las responsabilidades atribuidas a cada acusado
En el caso de Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como titular del Comando de la Fuerza de Submarinos, se le imputa haber permitido la participación del submarino en operaciones pese a conocer el vencimiento del mantenimiento reglamentario, la falta de pruebas de mar esenciales y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.
Respecto de Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento, la fiscalía sostiene que omitió supervisar adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento y permitió que el submarino operara sin el mantenimiento programado correspondiente.
A Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, se le atribuye no haber procurado el cumplimiento de las normas de control y evaluación del alistamiento de la unidad antes de autorizar su participación en la orden de operaciones.
En cuanto a Hugo Miguel Correa, se le imputa no haber garantizado un sistema de comunicaciones adecuado durante la última navegación y haber intervenido en la planificación operativa pese a conocer las limitaciones técnicas existentes.
Un proceso judicial de alto impacto institucional
El juicio no solo busca establecer responsabilidades penales individuales, sino también analizar si existieron fallas estructurales en los mecanismos de control y supervisión interna dentro de la Armada.
Para los familiares de las víctimas, el proceso representa una instancia clave en la búsqueda de verdad y justicia, tras años de investigación y reclamos.
Se prevé que el debate se extienda durante varios meses, con la declaración de testigos, peritos y especialistas técnicos que intentarán esclarecer si el hundimiento pudo haberse evitado.