Impulsan ley para prohibir celulares en cárceles bonaerenses
Un proyecto presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses e instalar inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias para evitar que se sigan cometiendo delitos desde prisión.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman, busca avanzar con la denominada “Ley Rodrigo”, que apunta a reforzar los controles en el sistema penitenciario y frenar las maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales.
Según el legislador, la medida responde a una problemática que en los últimos años se volvió cada vez más visible: bandas criminales que continúan operando desde la cárcel mediante teléfonos móviles y acceso a internet.
La “Ley Rodrigo”: qué propone el proyecto
El proyecto de ley establece una serie de medidas destinadas a bloquear la comunicación ilegal desde las cárceles y evitar que los detenidos utilicen tecnología para coordinar delitos.
Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan:
- Prohibición total del uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses.
- Instalación de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias.
- Controles y requisas periódicas para impedir el ingreso de dispositivos electrónicos.
El objetivo es terminar con lo que el legislador denominó “call centers del delito”, estructuras que funcionan dentro de algunas cárceles y desde donde se organizan estafas, extorsiones y robos.
Delitos organizados desde prisión
Uno de los argumentos centrales del proyecto es que muchos delitos continúan planificándose desde el interior de las cárceles, aprovechando el acceso ilegal a teléfonos celulares.
Entre las modalidades más frecuentes que investigan las autoridades se encuentran estafas telefónicas o virtuales, extorsiones a víctimas o familiares, y la coordinación de robos y otros delitos en el exterior
Estas prácticas se han detectado en distintos puntos del país y representan uno de los principales desafíos para el control del sistema penitenciario.
El caso que impulsó la iniciativa
El proyecto fue denominado “Ley Rodrigo” en referencia al caso del soldado Rodrigo Gómez, cuya muerte en la Quinta de Olivos fue vinculada a una situación de extorsión organizada desde un penal.
De acuerdo con lo señalado por el autor de la iniciativa, una banda que operaba desde prisión habría sometido al joven a una presión constante mediante comunicaciones telefónicas, lo que terminó derivando en una situación extrema.
El legislador sostuvo que el caso expuso la gravedad del problema de las redes delictivas que continúan operando desde las cárceles.