La Iglesia alerta por la crisis en centros de discapacidad
La Conferencia Episcopal Argentina encendió una señal de alarma ante la crítica situación que atraviesan centros que atienden a personas con discapacidad en todo el país.
Por medio de una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, la Comisión Ejecutiva advirtió sobre una crisis económica de extrema gravedad, que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
Según detallaron desde la Iglesia, el problema radica en el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que genera un fuerte impacto en el funcionamiento de estas instituciones.
Esta situación afecta aspectos fundamentales como la alimentación, la provisión de medicamentos y el pago de salarios al personal, elementos indispensables para garantizar una atención adecuada.
En consecuencia, muchas instituciones enfrentan déficits crecientes que comprometen su sostenibilidad.
Casos críticos y riesgo de cierre
Uno de los ejemplos más preocupantes es el de los Cottolengo Don Orione, donde la atención de alrededor de 1.200 personas con discapacidad se encuentra en riesgo inmediato.
Desde el Episcopado señalaron que los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde fines de 2025, mientras los costos operativos continúan en aumento.
Las consecuencias ya son visibles en el endeudamiento, limitaciones para recibir nuevos residentes, deterioro de servicios y riesgo de cierre de hogares.
“Las personas con discapacidad no pueden esperar”
En su mensaje, los obispos recordaron que esta problemática ya había sido advertida anteriormente, bajo una consigna clara: “las personas con discapacidad no pueden esperar”.
En este sentido, reclamaron el cumplimiento de la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para este sector, y remarcaron la necesidad de garantizar derechos fundamentales.
Un reclamo urgente al Estado
La Conferencia Episcopal Argentina solicitó una respuesta “concreta, visible y urgente”, que permita sostener el funcionamiento de estos espacios.
Además, subrayaron que muchas de estas instituciones representan un patrimonio social clave, construido a partir del compromiso de comunidades religiosas y civiles.
El documento también expresa la disposición al diálogo para encontrar soluciones que brinden alivio a las instituciones, las familias y las personas afectadas.