Piden juicio oral para el gendarme acusado de herir al fotógrafo Pablo Grillo en una protesta
El fiscal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el cabo primero de la Gendarmería Nacional Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber disparado una pistola lanza gases y provocar lesiones gravísimas al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación frente al Congreso en marzo de 2025.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, que consideró que el efectivo se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y actuó en violación de los protocolos vigentes.
Según la investigación, el 12 de marzo de 2025, en el marco de una protesta en defensa de los derechos de los jubilados, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases en forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal).
Para la fiscalía, esos disparos generaron un peligro concreto para los manifestantes, y uno de ellos impactó en la cabeza de Grillo, causándole fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y lesiones de carácter gravísimo.
El reportero gráfico se encontraba a unos 47 metros de los efectivos, en posición de cuclillas, registrando imágenes de la protesta cuando fue alcanzado por el proyectil. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital y debió ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades.
De acuerdo a los informes médicos, presenta deterioro cognitivo y comunicativo, con posibles secuelas permanentes e incapacidad laboral prolongada.
Acusación por abuso de autoridad y uso ilegítimo de la fuerza
El fiscal Taiano imputó a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado, este último en cinco hechos.
En el requerimiento, sostuvo que el accionar del gendarme fue “desproporcionado e irracional”, y que no respetó los principios de necesidad ni proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Además, remarcó que el efectivo contaba con formación, capacitación y experiencia suficiente —incluyendo entrenamiento en operaciones urbanas y control de disturbios— como para conocer las reglas de utilización del armamento.
“No existe posibilidad alguna de que desconociera los protocolos establecidos”, señaló la fiscalía, que también destacó que el manual del arma indica que los disparos deben realizarse en forma oblicua y nunca dirigirse hacia personas.
La responsabilidad del imputado y el avance de la causa
El Ministerio Público Fiscal consideró que Guerrero actuó con plena conciencia de que infringía las normas y de que su conducta podía causar daños, aun cuando no hubiera tenido intención directa de lesionar.
También rechazó los argumentos de la defensa sobre la supuesta agresión previa de manifestantes, al señalar que al momento de los disparos no existía una amenaza actual ni inminente, ya que las personas se encontraban en retirada.
En ese sentido, el fiscal subrayó que la protesta pacífica es la regla y que el Estado tiene la obligación de garantizar su desarrollo sin represión ilegítima.
La causa ahora deberá avanzar hacia la instancia de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del efectivo en un caso que generó fuerte repercusión por el uso de la fuerza en contextos de protesta social.