Qué dice la resolución de la Fiscalía General que archivó la denuncia por la cesión del predio del Faro a una fábrica de gin
La Fiscalía General de Mar del Plata confirmó el archivo de la investigación iniciada a partir de una denuncia que cuestionaba la cesión de un predio municipal cercano al Faro de la Memoria a la Asociación Vecinal Faro Norte y su posterior vinculación con la empresa Burbarrel S.A.
La resolución fue firmada por el fiscal general adjunto Marcos Pagella, quien rechazó el pedido de revisión presentado por el abogado Julio César Bilbao y ratificó la decisión adoptada en octubre de 2024 por los fiscales Juan Pablo Lódola y David Bruna.
En la denuncia se atribuían posibles delitos de abuso de autoridad, fraude contra la administración pública, cohecho, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad ideológica, entre otras figuras penales. Sin embargo, la Fiscalía consideró que las acusaciones no contaban con sustento objetivo suficiente para justificar una investigación penal.
“No corresponde al derecho penal revisar decisiones políticas”
En su resolución, Pagella sostuvo que la cesión del predio cuestionado se desarrolló a través de los mecanismos administrativos previstos por la legislación vigente y con intervención de las áreas técnicas y legales correspondientes del Municipio.
El funcionario remarcó que la decisión de otorgar el uso del terreno y las motivaciones que la sustentaron forman parte de atribuciones propias del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante, por lo que no corresponde al derecho penal evaluar su conveniencia política.
Neme respaldó el proyecto de bar de gin en el Faro y acusó a "los que siempre dicen no" https://t.co/RTiI1dAWuc
— Radio Brisas (@radiobrisasok) June 4, 2026
Además, señaló que el predio objeto de la controversia no forma parte de los espacios alcanzados por las leyes nacionales y provinciales de protección vinculadas a los sitios de memoria, ya que se trata de una parcela catastral distinta.
La resolución también destaca que el expediente avanzó con dictámenes favorables de distintas dependencias municipales, fue tratado en comisiones del Concejo Deliberante y finalmente aprobado por mayoría, con 15 votos a favor y 9 en contra.
Las objeciones seguirán en la Justicia Contencioso Administrativa
Pagella reconoció que existe un debate ciudadano respecto del uso de un predio ubicado en las inmediaciones de un lugar asociado a los crímenes de la última dictadura militar. Sin embargo, consideró que los cuestionamientos éticos, políticos o ideológicos sobre la utilización del espacio no constituyen por sí mismos conductas penalmente reprochables.
Respecto de la hipótesis de una defraudación contra la administración pública, la Fiscalía concluyó que no se verificó un perjuicio económico concreto para el Estado, ya que el convenio estableció un canon sujeto a futuras determinaciones administrativas y no una suma fija previamente definida.
Tampoco encontró elementos que permitieran sostener sospechas de cohecho o lavado de activos, al entender que las acusaciones formuladas carecían de hechos concretos y verificables que justificaran una investigación penal.
Finalmente, el fiscal general adjunto recordó que los planteos sobre la legalidad, conveniencia y validez de la ordenanza continúan siendo analizados en el fuero Contencioso Administrativo, ámbito que consideró competente para resolver ese tipo de controversias.
Con estos argumentos, la Fiscalía General resolvió confirmar definitivamente la desestimación de la denuncia penal y comunicar la decisión a la Unidad Funcional de Instrucción interviniente.