Prorrogan la emergencia energética hasta fines de 2027 por la "vulnerabilidad" del sistema eléctrico
El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida, plasmada en el Decreto 585/2026, abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. Según los considerandos firmados por el presidente Javier Milei, la decisión responde a la necesidad de asegurar la continuidad del servicio y evitar disrupciones regulatorias, financieras u operativas en un sistema que aún muestra severas restricciones estructurales.
El diagnóstico oficial que justifica la extensión temporal es contundente. El informe técnico citado en la normativa revela que el parque generador eléctrico argentino presenta un alto grado de envejecimiento e ineficiencias operativas.
El sistema de transporte trabaja al límite: las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%, mientras que el 60% de las fallas en el sector de distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
A este panorama se suma que las ampliaciones de la red de alta tensión realizadas durante 2025 fueron catalogadas como "nimias" ante las necesidades estructurales. Como reflejo de esta situación, las autoridades advirtieron que durante el pico de demanda registrado en febrero de 2025, el margen de reserva operativa fue de apenas un 4,4%, un porcentaje que resulta insuficiente para garantizar la seguridad del suministro ante contingencias o extremos climáticos.
Coordinación con el gas y transición de mercado
Uno de los argumentos centrales para fijar el nuevo vencimiento a finales de 2027 es la necesidad de equiparar los plazos con la emergencia vigente para el transporte y distribución de gas natural. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron la estrecha interdependencia operativa y económica entre ambos sectores, dado que el gas es el insumo crítico para la generación térmica de electricidad. La reciente reconfiguración del sistema de transporte de gas impacta de forma directa en los costos y en el despacho de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Asimismo, la extensión busca dar aire al período de transición de 24 meses diseñado para reformar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El objetivo final de la Secretaría de Energía es consolidar un esquema de libre contratación entre privados, promover la competencia en hidrocarburos y avanzar en la desregulación, un proceso que requiere herramientas de excepción para evitar vacíos legales mientras se estructuran obras clave de transmisión como "AMBA I".
La encrucijada de las tarifas y los subsidios
En el plano financiero, el decreto pondera positivamente las medidas de regularización que permitieron elevar la tasa de cobrabilidad de CAMMESA al 97%, revirtiendo el crítico 48% heredado en diciembre de 2023. Sin embargo, el texto advierte que la sostenibilidad del sistema aún depende de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional debido a la brecha tarifaria subsistente.
A modo de ejemplo, el Gobierno detalló que en mayo de 2026 el Precio Estacional (PEST) abonado por los usuarios residenciales subsidiados cubrió únicamente el 24% del costo real de abastecimiento. De este modo, la prórroga de la emergencia se vuelve indispensable para continuar con la reducción progresiva de subsidios generalizados y afianzar el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), buscando la autosuficiencia económica del sector sin desatender los criterios de accesibilidad fijados por los fallos de la Corte Suprema de Justicia.