Baja de la edad de imputabilidad: el desafío que enfrenta la Justicia juvenil desde septiembre

A poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, analizó los desafíos que enfrentará el sistema judicial bonaerense a partir de septiembre.

En diálogo con Nicolás Galante en Radio Brisas, el funcionario explicó que la modificación normativa implicará cambios significativos en el trabajo de la Justicia y planteó la necesidad de fortalecer tanto los recursos humanos como la infraestructura destinada a los jóvenes en conflicto con la ley.

Más jóvenes alcanzados por el sistema penal

Martínez Soto recordó que actualmente los centros de detención juvenil alojan a adolescentes de 16 años en adelante, mientras que el nuevo régimen incorporará a jóvenes desde los 14 años.

"Hoy están detenidos jóvenes a partir de los 16 años y ahora va a haber jóvenes a partir de los 14", señaló el fiscal al explicar el impacto que tendrá la reforma en el sistema de responsabilidad penal juvenil.

En ese sentido, sostuvo que los espacios existentes responden a las necesidades actuales, pero advirtió que podrían resultar insuficientes frente al incremento de casos que deberá atender el sistema.

La necesidad de más recursos

Uno de los principales planteos realizados por el representante del Ministerio Público Fiscal estuvo vinculado con la necesidad de contar con mayores recursos para garantizar una implementación efectiva.

Según explicó, el incremento de jóvenes alcanzados por el nuevo régimen exigirá más personal especializado y una mayor inversión en infraestructura.

"Es necesario contar con mayores recursos humanos que estén especializados y comprometidos con esta problemática, además de recursos económicos", afirmó.

Además, indicó que la respuesta estatal no debe limitarse únicamente a la sanción penal, sino que también debe contemplar aspectos vinculados con la salud mental, la contención familiar, la educación y la reinserción social de los adolescentes involucrados en procesos judiciales.

Un sistema que ya enfrenta limitaciones

Durante la entrevista, Martínez Soto también se refirió a las dificultades actuales para alojar a jóvenes detenidos dentro de los departamentos judiciales de origen.

Explicó que la Provincia implementó un sistema de distribución de vacantes que permite derivar adolescentes a otras jurisdicciones cuando no hay lugar disponible en los centros locales. Sin embargo, reconoció que esta solución no siempre es la ideal porque aleja a los jóvenes de sus familias y de los dispositivos de asistencia que acompañan los procesos de reinserción.

"Cuando la respuesta en el derecho penal juvenil es la reintegración y la resocialización, es necesario que estén en el lugar donde habitan", remarcó.

Más trabajo para las fiscalías

El fiscal también anticipó que el nuevo escenario generará un incremento en la carga laboral de las fiscalías especializadas.

Explicó que, hasta ahora, muchas investigaciones se detenían cuando los presuntos autores eran considerados no punibles. Con la modificación normativa, esos expedientes podrán continuar su curso judicial, incluyendo juicios, ejecución de sentencias y seguimiento de medidas dispuestas por la Justicia.

Asimismo, destacó que existe una preocupación compartida por las autoridades judiciales respecto de la necesidad de reforzar las estructuras existentes.

Según señaló, tanto la Fiscalía General como la Procuración bonaerense reconocen la importancia de incorporar más recursos humanos para afrontar la nueva realidad que comenzará a regir desde septiembre.

Expectativa ante la implementación

A pocas semanas de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, el foco está puesto en cómo se adaptará el sistema judicial y de protección de derechos a las nuevas exigencias.

Mientras avanza la adecuación normativa, desde el fuero especializado coinciden en que el desafío no será únicamente jurídico, sino también operativo, ya que requerirá más personal, infraestructura y dispositivos de acompañamiento para garantizar una respuesta efectiva y acorde a la complejidad de cada caso.