Montenegro pedirá el jury de la jueza que frenó el régimen penal juvenil
El senador bonaerense Guillermo Montenegro anunció que presentará un pedido de jury contra la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada dispusiera la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en toda la Provincia de Buenos Aires.
La decisión judicial generó un fuerte rechazo por parte del legislador del PRO, quien cuestionó tanto el alcance de la medida cautelar como sus consecuencias sobre la aplicación de la nueva normativa.
En sus declaraciones, Montenegro sostuvo que el debate en torno al régimen penal juvenil vuelve a poner en discusión el lugar que ocupan las víctimas y los vecinos afectados por delitos.
“Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos”, afirmó el senador.
En ese sentido, planteó que las políticas vinculadas con la seguridad y la respuesta frente al delito deben priorizar también a quienes sufren las consecuencias de los hechos delictivos.
Otro de los puntos centrales de la crítica del intendente estuvo relacionado con el alcance de la resolución que suspendió la aplicación del régimen penal juvenil. Montenegro cuestionó que una jueza provincial pueda frenar mediante una medida cautelar y con alcance para toda la Provincia de Buenos Aires una ley sancionada por el Congreso Nacional.
“Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, sostuvo.
De esta manera, planteó una discusión sobre los límites de la intervención judicial frente a una normativa aprobada por el Poder Legislativo y sobre la aplicación de las políticas criminales establecidas por ley.
Críticas al sistema provincial y la falta de lugares de alojamiento
Montenegro también rechazó que las falencias del sistema penitenciario o de alojamiento provincial puedan convertirse en un argumento para suspender la aplicación de la normativa.
“Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley”, expresó.
El planteo apunta directamente a la capacidad del Estado bonaerense para contar con la infraestructura necesaria frente a las obligaciones que surgen de la implementación del nuevo régimen.
Finalmente, Montenegro ratificó su decisión de avanzar contra la magistrada mediante el mecanismo de jury de enjuiciamiento, al considerar que la resolución adoptada merece ser revisada. “Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury”, afirmó.