2026-09-17

Prisión preventiva para cuatro de los miembros de la banda que robaba cables subterráneos

La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva para cuatro de los detenidos, acusados de integrar una organización que sustraía cableado telefónico. Según la investigación, más de 1.900 clientes fueron afectados por los robos.

La Unidad Fiscal Mar del Plata formalizó la imputación contra cuatro personas detenidas el último domingo, acusadas de integrar una organización criminal dedicada al robo reiterado de cables subterráneos de telefonía.

El juez de Garantías Santiago Inchausti hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva por 180 días, además de fijar ese mismo plazo para el desarrollo de la investigación.

El fiscal federal Carlos Martínez, titular del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Vera, atribuyó a los acusados haber integrado una asociación ilícita en modalidad de organización criminal. También se les imputaron hechos de robo agravado y de interrupción de las comunicaciones.

En total fueron seis las personas detenidas en el marco de los procedimientos, aunque la audiencia respecto de dos de ellas quedó suspendida debido a que permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos.

Según la investigación, ambos se lesionaron cuando intentaban escapar durante uno de los allanamientos y se arrojaron desde un tercer piso. En esos casos, el juez convalidó una prórroga de la detención por 72 horas.

Además, una de las personas identificadas que permanece prófuga fue declarada en rebeldía y se ordenó su detención.

Los robos afectaron a más de 1.900 clientes

Durante la audiencia, la fiscalía expuso siete hechos, cuatro de ellos consumados y tres en grado de tentativa. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, las maniobras habrían provocado inconvenientes en las comunicaciones de más de 1.900 clientes.

La organización habría sustraído cerca de 2.000 metros de cableado, cuyo valor de reventa fue estimado entre 200 y 560 millones de pesos.

Los investigadores establecieron que los robos se concretaban en diferentes sectores del centro de Mar del Plata y que posteriormente el material era trasladado hacia la zona sur de la ciudad.

Los allanamientos permitieron secuestrar 14 teléfonos celulares, tres equipos handy, una camioneta utilitaria, un camión con pluma hidráulica, dos carrocerías de generadores industriales, dos automóviles y un semirremolque, además de numerosos recortes de cables telefónicos y dinero en efectivo.

Entre el dinero incautado había más de 11 millones de pesos y 4.200 dólares.

El juez también autorizó distintos peritajes y medidas sobre el patrimonio de los investigados, entre ellas el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Se camuflaban como una cuadrilla de obra pública

Uno de los aspectos centrales de la investigación apunta a la modalidad utilizada para concretar los robos. Según la fiscalía, los integrantes de la organización simulaban ser trabajadores de una cuadrilla de obra pública.

Para evitar sospechas, utilizaban ropa similar a la de operarios, conos naranjas y carteles para señalizar la calle. También contaban con distintos vehículos que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra.

Los investigadores reconstruyeron que los integrantes ingresaban a las cámaras subterráneas ubicadas en la vía pública mediante escaleras angostas. Allí cortaban el tendido y se trasladaban hasta otra cámara, generalmente ubicada entre 100 y 200 metros, donde realizaban un nuevo corte para retirar el cable.

Para extraer el material utilizaban un camión con acoplado y pluma hidráulica, que transportaba un falso generador eléctrico colocado en la vía pública para disimular el mecanismo.

Dentro del generador habían instalado un motor con un malacate que permitía recoger los cables desde las cámaras subterráneas. Además, el equipo contaba con una modificación en su parte inferior que facilitaba el descenso de los integrantes hacia los conductos sin ser advertidos.

La investigación comenzó el 21 de agosto, luego de una denuncia presentada por Telefónica Móviles Argentina S.A. por la interrupción de las comunicaciones de sus clientes en Mar del Plata. A partir de entonces, la Unidad Fiscal trabajó junto a la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina y el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de General Pueyrredon.

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