Confirman que crece la litigiosidad por servicios de salud y las demandas penales por incumplimientos

Tras los allanamientos realizados en el inicio de esta semana en oficinas metropolitanas de Unión Personal, obra social investigada por supuestos incumplimientos de recursos de amparo que derivaron en muerte de dos afiliados y agravamiento del cuadro clínico de otro por demoras en tratamiento, el fiscal Carlos Martínez aseguró que crecen los recursos judiciales por el desempeño de las prestadoras de salud. 

"Crece la demanda, el costo del tratamiento, la posibilidad de cubrir a todos sus afiliados", dijo a Radio Brisas y destacó que a la par se ve incrementada la litigiosidad judicial y también la litigiosidad penal con las órdenes emanadas de la justicia federal", apuntó. 

En este caso en cuestión, se unificaron tres recursos de amparo presentados por familias de afiliados de Unión Personal que requerían prestaciones que no se les autorizaban. Dos de ellos murieron en medio de estos reclamos y el otro se encuentra en situación más complicada, supuestamente por demoras en las intervenciones requeridas. 

"El juez dispuso medidas cautelares para cumplirse y establecía operaciones o cobertura de determinados tratamientos", explicó Martínez y ahora, desde la fiscalía a su cargo, se intenta determinar si la medida ordenada "no se cumplió o no se hizo en los términos de la orden judicial".

Los allanamientos, explicó, fueron en procura de documentación para probar si hubo incumplimiento o demora injustificada y si esa situación tiene que ver o incidió hacia el fallecimiento de las dos personas o el agravamiento de la tercera.

Más allá de estos tres casos, explicó que el afiliado, ante incumplimiento, presenta amparo. "Estamos investigando por qué no se cumplió la prestación o por qué se demoró", insistió el fiscal y destacó que este tipo de recursos son reiterados. "Ante la desobediencia se generan causas penales", indicó.