Ecuador: el Presidente disolvió el Congreso y crece la incertidumbre política

Luego de que el Parlamento de ese país le iniciara un proceso de juicio político, el presidente Guillermo Lasso decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional.

Se trata de una decisión polémica, que implica la celebración de nuevas elecciones generales en pocos meses y que, hasta entonces, lo habilita a gobernar por decreto, por la no existencia del Poder Legislativo.

La medida del mandatario de derecha, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue rechazada por el expresidente de izquierda y líder opositor Rafael Correa, que acusó a Lasso de "golpe de Estado", y por el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, que dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la mediada de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores solo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero.

En un mensaje a la Nación, el conservador Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como "muerte cruzada", firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar por decreto hasta las próximas elecciones, que, por ley, deberían celebrarse antes de octubre.

Lasso acusó al Parlamento de querer "desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado" y dijo que tomó la decisión "por grave crisis política y conmoción interna", una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el aumento del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda, que domina el Congreso, para recuperar fuerzas.

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025.

A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir, cuatro meses.

Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de las elecciones en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria, con lo que los comicios no deben realizarse más allá del mes de septiembre.

En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder. En esta ocasión, la oposición parecía reunir los 92 votos necesarios en la cámara, que tiene 137 escaños.

El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar hoy antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la "muerte cruzada".

Fuente: Télam