¿Qué pasa con las democracias en América Latina?

Jair Bolsonaro no podrá ser candidato a presidente en las próximas elecciones en Brasil. El Tribunal Superior Electoral decidió aplicarle una sanción de 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerar que tuvo abuso de poder político y manejo indebido de los medios de comunicación público cuando reunió en el Palacio Planalto a un conjunto de embajadores para denunciar el sistema de votación electrónico.

De alguna manera, Bolsonaro estaría cometiendo un delito de opinión que le termina saliendo caro. Esto abre un debate profundo respecto al rol de la justicia en los procesos electorales. No es una novedad plantear que el ex presidente brasileño realiza declaraciones ofensivas que rozan el sentimiento antidemocrático. El mismo se vio favorecido en las elecciones de 2018 cuando quien luego fuera su ministro de Justicia, el entonces juez Sergio Moro, encarceló sin pruebas y en un proceso absolutamente irregular, a Lula Da Silva.

Bolsonaro fue juzgado por el propio electorado brasileño que eligió a la vuelta de Lula, de eso no hay dudas, pero al mismo tiempo recibió 58 millones de votos que no podrán elegirlo en caso que quisieran. No se trata de defender a Bolsonaro sino de poner sobre la mesa lo que el progresismo latinoamericano se encargó de remarcar en los últimos años: la politización de la Justicia. ¿No corre para candidatos o líderes de derecha?

Opinar sobre un sistema electoral del que Bolsonaro ya había hablado en varias ocasiones no debería ser plausible de sanción, como si sería adecuado en caso de que se confirme que el ex presidente haya participado del intento de golpe del 8 de enero. Si todo vale lo mismo, nada vale lo que debería valer.

Lo mismo ocurre con Donald Trump en Estados Unidos, quien transitará una elección presidencial proceso por varios delitos, algunos de orden moral y otros más delicados y de carácter federal. ¿Ambos son merecedores de una sanción que lo saque del escenario electoral? Evidentemente no. Igualmente, el caso norteamericano en peculiar porque Trump podría ser electo presidente aún estando tras las rejas.

En la teoría del Lawfare que abraza la izquierda no todas las injusticias, intervenciones y abusos de poder parecen estar dentro de la agenda de prioridades. Hace un año, la embajada de Estados Unidos en Paraguay lanzó durísimas acusaciones contra el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velazquez, a punto tal que este último fue corrido de la carrera presidencial. El Grupo de Puebla se olvidó de mandar un comunicado.

Otra muestra de hipocresía aparece con la actual crisis en Ecuador. Guillermo Lasso tiene mandato hasta 2025 pero la oposición lanzó un juicio político basado en varias causas que, si fuera desde el prisma de la izquierda, no tendría pruebas suficientes para ser llevado a cabo. Siga, siga.

Si seguimos con el recorrido regional vemos como la justicia, controlada por el chavismo en Venezuela, decidió arbitrariamente inhabilitar a María Corina Machado, la opositora que lidera las encuestas en la interna de la oposición y la más competitiva para sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Nadie dijo nada, claro.

Evo Morales en Bolivia insiste obsesivamente con todas estas acusaciones al “imperio” y el poder judicial, sin embargo, la facción del MAS que el responde y está enfrentado al presidente Luis Arce amenaza con destituirlo, solo por el hecho del sector que defiende el jefe de estado no está de acuerdo con la candidatura de Evo para 2025.

Si todo es Lawfare, nada es Lawfare, y si el fondo está en defender la voluntad popular y la democracia, el desafío es cuidar el sistema de representación en su totalidad, algo que no parece estar entre los objetivos de los que dicen estar perseguidos. La politización de la justicia es un problema que no necesariamente se reduce a las izquierdas.