Presentan recurso judicial ante la situación entre IOMA y las Clínicas de Mar del Plata

El día de hoy, Guido M. Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presentó una medida cautelar en el marco de una Acción Preventiva de Daños ante la justicia y logró que la Justicia le ordene a las instituciones médicas garantizar la atención a los afiliados de la obra social provincial.

Esta medida cautelar dictada por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, María Fernanda Bisio, va en línea con lo pedido por el organismo que conduce Guido Lorenzino.

Esta acción busca prevenir el riesgo de daño a la salud de los afiliados bonaerenses debido al incumplimiento recíproco del convenio entre IOMA y la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), y las Clínicas 25 de Mayo de Organización Médica Atlántica S.A., Colón S.A., y Pueyrredón S.A., todas ubicadas en la ciudad de Mar del Plata.

Lorenzino solicitó a la justicia que ordene a estas entidades garantizar de manera ininterrumpida la continuidad de las prestaciones para los afiliados afectados.

Además, pidió la implementación de una medida precautelar que asegure a los afiliados del IOMA que requieran servicios médicos en las clínicas 25 de Mayo, Colón y Pueyrredón de Mar del Plata, la atención como beneficiarios del Instituto, con las coberturas correspondientes.

Este conflicto tomó estado público en agosto de 2023, donde los afiliados de la obra social bonaerense manifestaron sufrir constantes y reiterados problemas para hacer uso de la cobertura en esas clínicas, prácticas que son imprescindibles para su salud, calidad de vida y en algunos casos hasta para su subsistencia.

Ante esta situación, la Justicia ordenó el mantenimiento de todas las coberturas pertinentes a los servicios, la atención, consulta médica, y/o toda otra prestación de parte de las tres clínicas, conforme el convenio vigente entre FECLIBA y el IOMA, debiéndose evitar toda acción que implique incumplimientos en la continuidad y modalidad del servicio acordado.

“Estamos ante una situación en la que la interrupción de la atención genera un grave perjuicio a la salud que impacta especialmente en las y los pacientes con mayor grado de vulnerabilidad. Es necesario que las clínicas garanticen las prestaciones para que se cumpla con el derecho a la salud y se agrave cualquier tipo de daño”, sostuvo Lorenzino.