El Gobierno implementa el Código Procesal Penal Federal por decreto

El Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, ha dispuesto la implementación en todo el país del Código Procesal Penal Federal. Esta medida deja en manos del Ministerio de Justicia la responsabilidad de poner en funcionamiento este código, reemplazando así a una Comisión Bicameral creada para tal fin en el Congreso.

Según lo establecido en el Decreto 188/2024, el Ministerio de Justicia será el encargado de establecer el cronograma de implementación progresiva del Código Procesal en el territorio nacional. Además, deberá coordinar las actividades necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales y diseñar propuestas de readecuación edilicia, recursos y personal en función de los requerimientos del proceso de implementación.

Asimismo, la cartera de Justicia se encargará de promover convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. También garantizará el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación y constituirá un consejo asesor interinstitucional y consultivo para informar periódicamente acerca de los avances del proceso.

Este consejo asesor estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

La decisión de implementar el Código Procesal Penal Federal por decreto surge luego de una serie de visitas realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a diferentes provincias del país para observar en detalle la implementación del sistema acusatorio en esos territorios.

El sistema acusatorio, basado en un modelo de justicia oral y rápido, moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación de delitos como el narcotráfico, la corrupción y la trata. Según el ministro Cúneo Libarona, es prioritario reanudar la aplicación de este sistema para garantizar un sistema de justicia más justo y eficiente para todos los argentinos.