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Coparticipación

Sabsay: "Sin orden judicial, un gobernador no puede dejar sin flujo energético a un país"

lunes 26 de febrero de 2024
Sabsay: "Sin orden judicial, un gobernador no puede dejar sin flujo energético a un país"

Daniel Sabsay, abogado constitucionalista y docente, diálogo en Radio Brisas acerca de los derechos de las provincias y la decisión del gobernador de Chubut Ignacio Torres de "no entregar su petróleo y su gas" en caso de no recibir los $13.500 millones que el gobierno Nacional le "retuvo ilegalmente".

Los mandatarios patagónicos habían afirmado que si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. "Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas", señalaron. 

En ese marco, Daniel Sabsay, en una entrevista con Daniel Temeproni sostuvo que las provincias tienen el dominio inminente de sus recursos naturales, es decir, le pertenecen. Igualmente, remarcó que "un gobernador no puede dejar sin la posibilidad de flujo energético sin una orden judicial porque satisface necesidades esenciales, el gobernador no puede actuar como si fuesen de él los recursos". 

"La justicia será la que va a decidir, esto es un juego de poderes. El gobernador no puede decidir solo el corte del flujo energético de ninguna manera, depende de otros factores", indicó Sabsay. 

Asimismo, expresó que las provincias pueden crear una empresa y está reconocido en la constitución de la nación la posibilidad de que las provincias celebren tratados interprovinciales que no tengan carácter político y este es un caso.

"No veo un inconveniente para eso, y puede ser significativamente positivo, ya que puede significar un ahorro no multiplicar en cada provincia, lo que puede darse a través de una suerte de unión con menos gastos", agregó. 

El Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual a la provincia de Chubut. De esa manera, más de 600 mil chubutenses se ven afectados en su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo.

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