La Justicia determinó que la destilería no pertenece al mismo predio del Faro de la Memoria

La Justicia resolvió que el predio donde se pretende instalar una microdestilería de gin, no pertenece a las instalaciones del Faro de la Memoria donde funcionaba parte del Centro Clandestino de Detención EX ESIM durante la última dictadura cívico-militar.

En la resolución, la Justicia afirma que "conforme se evidencia con la documental aportada por el Municipio y con la normativa vigente, el bien objeto de la Ordenanza nro. 26400, es un inmueble distinto, identificado catastralmente como Circunscripción IV Sección y Fracción I Parcela 1 Matrícula 239878, y no forma parte del predio aludido en la Ordenanza 15.095 que declara sitio histórico al espacio que ocupó la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina ESIM, y a su vez agregado en el Anexo 1 de la Ordenanza 10.075". 

Además, desde La Justicia señalaron que el "Faro de la Memoria" se denomina efectivamente como un lugar histórico nacional y se incorpora al patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires.

"Como puede apreciarse con meridiana claridad, si bien son inmuebles aledaños, el que resulta objeto de la Ordenanza cuestionada no consta que registre impedimentos legales para su disposición por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón, más que los propios del proceso administrativo que justamente se observan en el expediente", declara la resolución. 

La denuncia

El foco de las denuncias se centró en los 15 concejales que aprobaron la instalación de un bar en este sitio emblemático. Se presentó una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro, la Secretaría Legal y Técnica, los 15 concejales, la Sociedad de Fomento Faro Norte, y la empresa BURBARREL S.A., fabricante del gin artesanal Restinga.

Los concejales denunciados fueron Agustín Neme, Guillermo Volponi, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Florencia Ranellucci y Mercedes Morro (Vamos Juntos, el bloque que responde al Pro); Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas (UCR); Angélica González y Guido García (Coalición Cívica); y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (La Libertad Avanza).

La denuncia, impulsada por organismos de derechos humanos y las fundaciones ambientales, apuntó a presuntos delitos de abuso de autoridad por la toma de decisiones que violan disposiciones legales.