martes 16 de junio de 2026
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Nuevas normativas avanzan sobre el control del uso de los recursos por parte de las universidades

El Gobierno nacional, a través de los decretos 1091/24, 1092/24 y 1093/24, busca mejorar la transparencia en las contrataciones de universidades y organismos públicos, eliminando contrataciones directas y promoviendo el uso de sistemas digitales de gestión.
viernes 13 de diciembre de 2024

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la implementación de los decretos 1091/24, 1092/24 y 1093/24, firmados por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Estas normativas tienen como objetivo incrementar la transparencia en el uso de recursos públicos en universidades, organismos descentralizados y empresas estatales.

Uno de los puntos más relevantes es la prohibición de las contrataciones directas entre el Estado y las universidades nacionales, establecida por el DNU 1091/24. Hasta ahora, este método permitía que el Estado contrate personal a través de convenios con universidades, sin un control riguroso. Solo entre 2022 y 2023, se firmaron más de 2.000 convenios de este tipo durante el gobierno de Alberto Fernández, aseguró el funcionario.

Con esta medida, cualquier contratación futura deberá cumplir con el régimen general de contrataciones, evitando así prácticas que permitían expandir la planta de empleados públicos sin transparencia ni justificación.

De esta manera, el DNU 1092/24 instruye a las universidades a utilizar los sistemas electrónicos COMPR.AR y CONTR.AR, plataformas destinadas a transparentar las contrataciones de bienes y servicios. Si bien algunas instituciones ya los utilizan, muchas otras se mantenían al margen, afectando la rendición de cuentas de los recursos públicos.

Finalmente, el DNU 1093/24 establece que todas las entidades de la Administración Pública, incluidas universidades y empresas estatales, deberán emplear el sistema e-SIDIF. Esta herramienta permite una gestión eficiente de los recursos públicos y agiliza los procesos de pago. Su uso obligatorio promoverá la digitalización, seguridad y rapidez en las operaciones financieras.

Con estas medidas, el gobierno de Javier Milei continúa avanzando sobre las Universidades en busca de procesos transparentes, involucrándose en medidas que interpelan la utilización de los fondos de las Casas de Altos Estudios.

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