Juego online clandestino: confirman el decomiso anticipado de criptoactivos en Mar de Plata

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el decomiso anticipado de los fondos que tenía en una cuenta Exchange un hombre acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de teléfonos celulares, organizar y realizar juegos de azar clandestinos, llevar a cabo operaciones de intermediación financiera no autorizada y lavar los activos provenientes de esas actividades ilícitas.

Este caso es el primero en el país en el que se dicta y confirma una orden de decomiso anticipado de criptoactivos que, se sospecha, fueron utilizados para brindar apariencia legal a las ganancias obtenidas con los delitos cometidos.

La investigación se inició en septiembre de 2023, a partir de una denuncia anónima, que derivó en una serie de allanamientos en junio de este año.

El acusado, que de acuerdo a la investigación sería el líder de la estructura criminal, fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita, por administración y explotación de juegos de azar sin la debida autorización y por lavado de activos agravado. El resto de las conductas que se le imputan son aún materia de investigación.

En los primeros pasos de la investigación, el juez instructor, Santiago Inchausti, había ordenado el decomiso de los fondos existentes en la cuenta del acusado en la plataforma Binance en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se constituyó como querellante durante el proceso.

La defensa del imputado planteó la nulidad de la decisión con los argumentos de que el sujeto no había sido notificado de tal decisión, y que su procesamiento confirmado el pasado 11 de diciembre, había sido apelado. Con estos argumentos, y al considerar que la sentencia violaba el derecho de propiedad, la defensa apeló la decisión del juez Inchausti.

Antes de resolver, los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez requirieron la opinión de la UIF, por intermedio de su apoderado, y del fiscal general Daniel Adler.

En el fallo, emitido el 20 de diciembre, los jueces de la Cámara Federal desarrollaron el criterio de la Corte Suprema de Justicia en relación a las nulidades. En tal sentido, los camaristas entendieron que “en el caso no se evidencian vicios u omisiones que conlleven a la invalidez de los actos denunciados, pues no se trasluce la afectación de los principios constitucionales argüidos por la defensa”, y repararon en los “graves delitos” investigados en la causa.

En esta línea, los jueces citaron el dictamen del fiscal Adler, quien había sostenido que el decomiso anticipado de los fondos “fue dispuesto en un todo conforme por lo normado en los artículos 23 y 305 del Código Penal, con miras de hacer cesar la comisión del delito o sus efectos y evitar que se consolide su provecho”, porque para ordenarlo se tuvieron en cuenta las siguientes situaciones:

• El alto grado de verosimilitud del derecho en función de los elementos probatorios acerca de la comisión del lavado de activos.
• El peligro en la demora, configurado por el temor de que, en caso de no adoptarse la medida cautelar, los bienes desaparezcan o se transfieran a terceras personas de buena fe, lo que transformaría en inoperante una futura sentencia de decomiso.
• La condición de prófugo en la que se encontraba el imputado.
  
  

Frente al segundo argumento de la defensa, basado en la supuesta falta de notificación del decomiso, los magistrados de la Cámara Federal repararon en que el imputado se encontraba prófugo y con pedido de captura nacional e internacional al momento de esa resolución.