lunes 27 de abril de 2026
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Nueva resolución genera preocupación en el sistema científico

En el marco de la emergencia económica, la Jefatura de Gabinete delegó a la Secretaría de Innovación la revisión y posible cancelación de programas estatales para optimizar el gasto público.
viernes 10 de enero de 2025

La Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la Resolución 10/2025, oficializó la delegación de competencias a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para la evaluación y reorganización de los programas estatales heredados del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta medida se enmarca en la declaración de emergencia económica y busca reducir gastos y reasignar fondos hacia prioridades urgentes.

Entre las acciones definidas, la Secretaría de Innovación deberá categorizar los programas en distintas etapas de ejecución y decidir sobre su continuidad o cancelación.

Según se indica, los programas serán evaluados conforme al Plan Estratégico 2024-2025, que prioriza el desarrollo tecnológico y la generación de conocimiento enfocado en sectores como agroindustria, energía, economía del conocimiento y salud. Aquellos programas que no alineen con estos objetivos podrán ser discontinuados.

Tal como se expresa en los considerandos de la resolución, la finalidad es minimizar riesgos y costos para el Estado y garantizar que los recursos limitados se destinen a las áreas de mayor impacto.

La resolución también delega la facultad a la Secretaría de Innovación para suscribir actos administrativos que oficialicen las bajas de programas considerados innecesarios. Este proceso se llevará adelante bajo los principios de celeridad, economía y eficacia establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

La iniciativa apunta a lograr un Estado más eficiente y alineado con las necesidades del país en el contexto de crisis actual. La redistribución de fondos hacia sectores clave podría generar resultados significativos en el mediano plazo, potenciando el desarrollo económico y social.

Esta reestructuración se convierte en un paso más dentro de la estrategia de emergencia impulsada por el gobierno para estabilizar las cuentas públicas y promover un desarrollo sostenible que puede poner en jaque al actual sistema científico en caso de discontinuarse áreas completas de investigación.