Advierten que el actual sistema de atención a personas con discapacidad es insostenible

Jesica Machado, licenciada en Psicopedagogía y profesional marplatense, explicó en diálogo con Radio Brisas que tanto ella como sus colegas que atienden a personas con discapacidad atraviesan una situación insostenible.

“Hay un desfasaje del 158% entre lo que cobramos y la inflación desde 2023. Tuvimos cero aumento desde diciembre de 2024, y los últimos tres incrementos fueron apenas del 1%”.

La problemática no se limita a Mar del Plata, sino que afecta a prestadores de todo el país: psicólogos, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, musicoterapeutas, transportistas, centros de atención y escuelas especiales.

Todos ellos forman parte del entramado que garantiza el acceso a derechos de las personas con discapacidad, pero hoy enfrentan serias dificultades para sostener su trabajo.

Uno de los principales reclamos es la modalidad de cobro: “Prestamos el servicio, presentamos factura, y recién cobramos entre 60 y 90 días después. Este mes, por ejemplo, recién se empezó a pagar lo correspondiente a enero”, denunció Machado. “No hay ninguna otra profesión que cobre con este delay. Todo lo que se cobra está completamente devaluado”.

Falta de diálogo

Desde hace años, los profesionales intentan establecer instancias de diálogo con los organismos responsables, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), pero según relatan, no obtienen respuestas concretas. “En el gobierno anterior logramos una reunión, pero no hubo avances. Con esta gestión ni siquiera logramos que nos reciban”, afirmó la psicopedagoga, en diálogo con Marina Enrico.

En este contexto, la Cámara de Diputados otorgó dictamen favorable a una Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque la medida fue rápidamente repudiada por la propia ANDIS, que emitió un comunicado rechazando la iniciativa y “desconociendo la grave situación que atraviesa el sector”, según denuncian los prestadores.

Para los trabajadores y trabajadoras del sistema, la advertencia es clara: si no hay una reacción inmediata por parte del Estado, “corre riesgo de desaparecer el sistema de atención a personas con discapacidad tal como lo conocemos”.