Empresa armadora se hace cargo del costo ocasionado por un derrame en el Puerto

Un derrame de hidrocarburos ocurrido el 31 de mayo de 2024 en el Puerto de Mar del Plata derivó en un acuerdo de reparación integral entre el Consorcio Portuario, la empresa armadora del buque implicado y la Unidad Fiscal local.

Este entendimiento judicial permitió reembolsar el total de los gastos que demandaron las tareas de remediación ambiental, estimados en $9.500.000, y evitó la continuación de la causa penal.

La intervención del fiscal federal Santiago Eyherabide buscó determinar primera cuál fue el buque pesquero responsable, utilizando peritajes químicos que identificaron la fuente del vertido de combustible derivado del gasoil.

Esta prueba científica permitió vincular la contaminación con una embarcación específica que operaba en cercanías del muelle 10 del puerto.

Extinción de la acción penal

El juez federal Santiago Inchausti homologó el acuerdo bajo el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que permite extinguir la acción penal por reparación integral del daño. De esta manera, la empresa armadora evitó sanciones penales al asumir de forma completa el costo de la recomposición del entorno afectado.

El Consorcio Portuario había actuado de inmediato al detectar la mancha oleosa de 10x10 metros, implementando barreras de contención y sistemas de recuperación del material contaminante.

Estos trabajos, fundamentales para mitigar el impacto, fueron financiados inicialmente por el Consorcio, pero ahora recuperados a través de este acuerdo judicial.

Precedente en conflictos ambientales

Desde la Unidad Fiscal se valoró positivamente la resolución:

“Este resultado, rápido y efectivo, prioriza el cuidado ambiental sobre la vía punitiva”, destacaron voceros oficiales.

La causa también sentó precedente al aplicarse el artículo 56 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, que penaliza la contaminación ambiental por negligencia. El pago acordado refuerza la responsabilidad empresarial en casos de daño ambiental portuario y promueve soluciones judiciales eficientes frente a delitos ecológicos.