Trabajadores de la salud acusaron a Lugones por el fentanilo contaminado

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, por las muertes registradas producto del fentanilo contaminado. Asimismo, apuntaron contra otros actores institucionales.

Según la entidad sindical, los fallecimientos “exponen las graves consecuencias del desmantelamiento del sistema de salud”

En ese sentido, la Federación, integrada por los gremios CICOP de Buenos Aires, APUAP de Jujuy y APHEC del Hospital Cruce, reclamó “una investigación exhaustiva y la determinación de responsabilidades políticas y penales, incluyendo la del ministro de Salud, Mario Lugones”.

Tras celebrar una reunión del Consejo Nacional de la Federación Sindical Nacional, desde la Federación manifestaron su profunda preocupación y repudio frente al "acelerado deterioro del sistema público de salud".

“Las políticas del Gobierno Nacional, basadas en recortes presupuestarios, despidos masivos y cierres de programas esenciales, han puesto en riesgo la salud y la vida de toda la población argentina”, señalaron.

En línea con este diagnóstico, advirtieron que “el colapso sanitario es consecuencia directa del ajuste indiscriminado y la paralización de programas esenciales”.

La tragedia por fentanilo contaminado -que hasta el sábado contabilizaba 96 muertes- fue señalada como evidencia y consecuencia directa del desmantelamiento de organismos de control como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Garrahan, despidos y desfinanciamiento

En el escrito, los referentes denunciaron también el vaciamiento y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan y de los Hospitales SAMIC, centros de alta complejidad presentes en diversas provincias que cumplen un rol estratégico en el sistema de salud integral.

“Estas instituciones articulan redes territoriales y garantizan atención especializada donde no existen alternativas locales”, detallaron.

Asimismo, alertaron sobre el cierre del Instituto Nacional del Cáncer y los "recortes devastadores en el PAMI", que dejaron a miles de personas mayores sin medicamentos y a numerosos trabajadores sin empleo, lo cual provocó el cierre de dependencias enteras.

Por otra parte, desde la Federación subrayaron que el ajuste salarial y los despidos masivos golpean a todo el equipo de salud, y sostuvieron que “la situación de los residentes es particularmente grave, ya que enfrentan una precarización laboral extrema, con salarios por debajo de la línea de pobreza y sin el reconocimiento de sus derechos laborales básicos".

"El ministro de salud Lugones eliminó el Examen Único de Residencias. Con esta medida, el Estado abandona su rol rector en la planificación y gestión del recurso humano en salud y entrega su regulación al mercado”, denunciaron.