Provincia interviene el Consejo Escolar de General Alvarado por irregularidades en el análisis de agua

El Consejo Escolar de General Alvarado fue intervenido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La intervención se realizó tras detectarse que se falsearon documentos vinculados al análisis del agua de varias escuelas del Polo Educativo Mar del Sud, que incluye al Jardín de Infantes N° 910, la Escuela de Educación Primaria N° 2 y la Escuela de Educación Secundaria N° 8.

La medida surge luego de que referentes parentales de la cooperadora de la Escuela Primaria N.º 2 denunciaran que el agua consumida por alumnos y personal podría estar contaminada debido a la cercanía entre el pozo de agua potable y un pozo ciego de materia fecal, una situación que, según la denuncia, data desde 2004.

Los informes iniciales sobre la calidad del agua fueron emitidos por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP, pero según la investigación, el proveedor sanitario habría modificado los resultados utilizando análisis anteriores. Ante esta situación, la presidenta del Consejo Escolar, Carolina Palacios, presentó la denuncia penal correspondiente, que quedó bajo la causa FMP 14168/2025/1, caratulada como "Uso de Documento adulterado o falso", a cargo del Dr. Carlos Martínez, fiscal de Mar del Plata.

En respuesta a la gravedad de los hechos, la provincia decidió avocar las competencias administrativas y de gestión del Consejo Escolar de General Alvarado. Se designó al Dr. Emanuel Lelo Ocaranza como avocador, con facultades para normalizar el funcionamiento del organismo, supervisar los protocolos de salubridad y garantizar la seguridad sanitaria en las instituciones educativas. La intervención tendrá una duración inicial de 180 días, prorrogables por igual período si fuera necesario.

El principal objetivo de la intervención es garantizar la higiene y la salubridad de las escuelas, preservar el interés público y asegurar que los protocolos y procesos del Consejo Escolar se ajusten a la normativa vigente, incluyendo la selección de proveedores capacitados en sanidad. Asimismo, la provincia apunta a evitar que estas irregularidades se repitan en otras áreas del organismo.