Cuestionan que el juicio por el hundimiento del ARA San Juan se haga en Río Gallegos y no en Mar del Plata: "Buscan impunidad"

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que dejó 44 tripulantes fallecidos, se realizará en Río Gallegos, Santa Cruz, y no en Mar del Plata, como solicitaban familiares de las víctimas y parte de la fiscalía.

La decisión se basó en que la instrucción judicial se realizó en Caleta Olivia, bajo la jurisdicción santacruceña, y que el tribunal que “previno en la causa” debe mantener la competencia.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y querellante en la causa, calificó en Radio Brisas el fallo como irrisorio y anunció que recurrirá a la Corte Suprema.

Hablamos con Luis Tagliapietra.

➡️ La Cámara Federal de Casación confirmó que el juicio por el hundimiento del ARA San Juan se va a realizar en Santa Cruz y no en Mar del Plata.

"Ya pasaron 8 años, voy por la verdad y la justicia, no especulo con los tiempos porque ya pasó… pic.twitter.com/3KfyGEebDT

— Radio Brisas (@RADIOBRISAS) October 7, 2025

“Los tres jueces me dan la razón en los fundamentos, pero votan en contra. Es absurdo”, declaró.

Tagliapietra sostiene que el traslado del juicio a Río Gallegos aleja el proceso de los familiares, de los medios y del escrutinio público, lo que considera una maniobra para garantizar impunidad.

"Mar del Plata era el asiento natural del submarino y los cuatro imputados están acusados de haber violado el deber de cuidado, algo que surgió y comenzó en esta ciudad", remarcó.

Implicancias políticas y judiciales

El juicio, que no comenzará antes de 2027, involucra a cuatro altos mandos de la Armada Argentina, acusados de estrago culposo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio. Entre ellos se encuentran Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa.

Tagliapietra y otros querellantes también apuntan a responsabilidades políticas que aún no han sido investigadas en profundidad. Señalan tanto al expresidente Mauricio Macri como a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo un “pacto de no agresión” que habría frenado el avance de la causa en ciertos niveles.

"Lo hacen allá para que no toquen a Cristina", reprochó.