El Gobierno derogó la norma que limitaba los aranceles en instituciones educativas privadas

El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación del Decreto 2417/1993, que imponía restricciones a la fijación de aranceles en instituciones educativas privadas. La decisión se concretó mediante el Decreto 787/2025, firmado por el presidente Javier Milei, junto a los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni.

El texto, publicado en el Boletín Oficial, instruye al Ministerio de Capital Humano a revisar las pautas vigentes del Decreto 2542/91, con el fin de adecuarlas al contexto educativo y económico actual.

El Decreto 2417/93 exigía a los establecimientos privados informar y solicitar autorización previa al Estado antes de modificar sus cuotas y matrículas. Según el nuevo marco, esa obligación limitaba la capacidad de respuesta de las instituciones ante los cambios económicos, generando incertidumbre tanto para las escuelas como para las familias.

De acuerdo con los considerandos, este esquema “dificultaba la adaptación de los institutos a las realidades del país” y provocaba que los colegios fijaran precios más altos desde el inicio del ciclo lectivo, para anticiparse a eventuales aumentos de costos no autorizados.

Más libertad de gestión para los colegios

La derogación del decreto previo se enmarca en la política del Gobierno de reducir la intervención estatal y promover la libre competencia en el sector educativo. De esta forma, las instituciones de gestión privada podrán definir sus aranceles y condiciones de contratación de manera autónoma, respetando las leyes vigentes y el principio de libre contratación.

“El objetivo es favorecer un entorno más flexible y sostenible para los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando al mismo tiempo el derecho a la educación de calidad”, detalla el documento oficial.

Un cambio con impacto federal

El Poder Ejecutivo argumenta que la transferencia de competencias educativas a las provincias, dispuesta hace tres décadas, modificó el escenario normativo que justificaba las regulaciones anteriores. Por ello, la medida busca alinear la estructura de costos y administración de los colegios privados con la actual distribución federal de funciones educativas.