Procesaron al presidente de un frigorífico bonaerense por contaminar el Río Salado

El Juzgado Federal de Azul procesó al presidente del frigorífico La Canaria S.A., ubicado en Roque Pérez, acusado de realizar vertidos ilegales de efluentes contaminantes al ecosistema del Río Salado, en infracción a la Ley 24.051 de residuos peligrosos.

La resolución, dictada por el juez Gabriel Di Giulio, sigue la línea planteada por el fiscal federal Santiago Eyherabide y su equipo.

El caso se inició tras una denuncia de la UFIMA, a cargo del fiscal Ramiro González, luego de que un medio difundiera imágenes que mostraban descargas directas de residuos industriales vinculadas al sistema hídrico del Río Salado.

Tras un breve paso por el Juzgado Federal de Dolores, el expediente quedó finalmente radicado en Azul en noviembre de 2023.

Tres inspecciones, un mismo patrón

Entre 2023 y 2025, la Autoridad del Agua (ADA), el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA realizaron al menos tres inspecciones.

En todas se detectaron infracciones reiteradas y parámetros contaminantes por encima de los límites permitidos, lo que reforzó la sospecha penal.

Qué revelaron los estudios técnicos

Los informes periciales dieron cuenta de la presencia sostenida de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), fósforo total, sólidos sedimentables y coliformes fecales, todos por encima de los valores legales.

Para el magistrado, eso permitió acreditar “una contaminación peligrosa para la salud, el ambiente y los recursos hídricos”, encuadrada en el artículo 55 de la ley.

La defensa y la decisión judicial

El empresario se negó a declarar y presentó un escrito donde calificó los hechos como simples “irregularidades administrativas” y aseguró haber realizado mejoras.
El juez, sin embargo, sostuvo que esa explicación no desvirtuó la contundencia de los muestreos oficiales ni los allanamientos.

Con esos fundamentos, Di Giulio dispuso:

• Procesamiento sin prisión preventiva
• Embargo de $10 millones para cubrir eventuales responsabilidades
• Rechazo del sobreseimiento pedido por la defensa

No se aplicaron medidas de coerción personal por no detectarse riesgos procesales.

Un precedente para la justicia ambiental

Desde la Sede Fiscal Descentralizada de Azul destacaron que este es el primer procesamiento penal ambiental en la jurisdicción, un hecho que consideran clave para fortalecer la política judicial ambiental impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

El fallo se alinea con lineamientos como la Declaración de Río sobre crimen organizado y sustentabilidad socioambiental (2024), que busca reforzar la protección de recursos hídricos y la salud pública.