Declararon la nulidad del protocolo antipiquetes del Gobierno nacional

El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad de la Resolución 943/23, conocida como protocolo antipiquetes, al considerar que el Poder Ejecutivo excedió sus atribuciones constitucionales y avanzó sobre facultades propias del Congreso de la Nación.

En su fallo, el magistrado sostuvo que, bajo el argumento de establecer pautas de capacitación para las fuerzas federales, el Ministerio de Seguridad terminó legislando y usurpando funciones legislativas, restringiendo de manera indebida el derecho a la protesta social. Según Cormick, la resolución buscó limitar al máximo las manifestaciones públicas sin respetar los procedimientos constitucionales ni el debate parlamentario correspondiente.

El juez remarcó que el Ejecutivo no puede, mediante una resolución administrativa, modificar o condicionar derechos fundamentales, y advirtió que el protocolo carece de respaldo suficiente en las leyes que regulan el accionar de las fuerzas federales. Además, señaló inconsistencias con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina.

En la sentencia también se subraya que el Estado debe garantizar el orden público, pero siempre dentro de los márgenes que fija la Constitución. En ese sentido, Cormick afirmó que el protocolo avanzó de manera desproporcionada sobre el derecho a la protesta, uno de los pilares del sistema democrático.

La decisión judicial agrega un nuevo capítulo al debate político y jurídico en torno a los límites del accionar estatal frente a las manifestaciones sociales, y representa un revés para la política de seguridad impulsada por la ministra Patricia Bullrich y respaldada por el presidente Javier Milei.