CGT cuestiona la reforma de la Ley de Inteligencia impulsada por el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo absoluto a los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo Nacional en la Ley de Inteligencia Nacional mediante el DNU 941/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Según el pronunciamiento, se trata de una reforma regresiva, arbitraria y peligrosa, que debería ser debatida y legitimada en el Congreso de la Nación.

Desde la central obrera señalaron que modificar por decreto un sistema tan sensible como el de inteligencia nacional vulnera los principios republicanos, al eludir el control parlamentario y debilitar los mecanismos institucionales de supervisión.

Uno de los puntos más críticos del comunicado de la CGT apunta al nuevo rol que asumiría la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según el texto, el DNU incrementa la opacidad y el poder del organismo, estableciendo que todas sus actividades pasen a ser consideradas “encubiertas”, sin control efectivo del Poder Legislativo.

La CGT advirtió que estas modificaciones podrían transformar a los agentes de inteligencia en una “policía secreta” o fuerza parapolicial, habilitando incluso detenciones sin orden judicial, lo que representa un quiebre grave del Estado de Derecho.

Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad realicen tareas de inteligencia interior, algo históricamente prohibido en la legislación argentina posterior a la última dictadura.

Además, el comunicado alerta sobre la habilitación de acciones ante supuestas “fugas de información clasificada”, lo que, en la práctica, podría derivar en hostigamiento al periodismo, censura indirecta y restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.

Para la central de trabajadores, este conjunto de medidas configura una amenaza directa a los derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución Nacional.

En su análisis, la central sindical sostuvo que estas reformas se alinean con movimientos geopolíticos ajenos a los intereses nacionales y evocan etapas trágicas del pasado argentino, marcadas por la persecución ideológica y la violencia institucional.

Finalmente, la CGT vinculó los cambios en la Ley de Inteligencia con un modelo económico y social de ajuste, al que calificó como insustentable en el tiempo e incompatible con una democracia plena, señalando que el DNU funcionaría como un complemento represivo de ese programa.