Martínez acusó al oficialismo de apurar el debate del cambio en el régimen penal juvenil

El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció públicamente una maniobra del oficialismo para avanzar con un tratamiento exprés de la modificación del régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados, al considerar que se trata de un tema de extrema sensibilidad que requiere un debate profundo y consensuado.

La advertencia fue realizada a través de su cuenta oficial en la red social X, luego de una reunión de presidentes de bloque, en la que, según relató, el oficialismo impuso un cronograma acelerado para el análisis del proyecto.

De acuerdo a lo expresado por Martínez, el bloque libertario propuso dictaminar el proyecto el miércoles 11 de febrero y llevarlo al recinto el jueves 12, en un plazo que el legislador consideró inaceptable para una reforma de esta magnitud.

“Los libertarios impusieron un cronograma express de tratamiento del tema penal juvenil”, sostuvo el jefe de bancada, quien remarcó que se opuso tajantemente a esa modalidad y aclaró que no fue el único en manifestar su rechazo durante la reunión.

Críticas al procedimiento y falta de consenso

Martínez también subrayó que durante el encuentro no se discutió ni se acordó el contenido del proyecto, lo que refuerza, según su visión, la gravedad institucional del intento de avanzar rápidamente con la iniciativa.

“Nunca en la reunión se habló ni acordó nada respecto al contenido”, afirmó, poniendo el foco no solo en los tiempos, sino también en la ausencia de un debate serio sobre las implicancias legales, sociales y jurídicas de una eventual modificación del régimen penal juvenil.

Un tema sensible con impacto social

El régimen penal juvenil es un asunto que históricamente genera fuerte debate político y social, ya que involucra cuestiones vinculadas a derechos de niños, niñas y adolescentes, políticas de seguridad, inclusión social y el rol del Estado frente a la conflictividad juvenil.

Desde Unión por la Patria sostienen que cualquier cambio en este marco normativo debe abordarse con audiencias, especialistas, organizaciones sociales y un análisis integral, y no mediante un tratamiento acelerado en comisiones.