Barrios populares en alerta por el ajuste y el freno a la urbanización

Organizaciones sociales, referentes territoriales y representantes de la Iglesia alertaron sobre el impacto del ajuste en los barrios populares, tras la paralización de obras y el recorte de fondos destinados a políticas de integración socio urbana en todo el país.

La advertencia fue expresada por la Mesa Nacional de Barrios Populares, espacio del que participa Cáritas Argentina, durante una conferencia realizada en la Ciudad de Buenos Aires. Según señalaron, la medida afecta a más de cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos.

Durante el encuentro, los expositores cuestionaron la reducción presupuestaria y el cierre operativo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, lo que —advirtieron— compromete derechos básicos y vulnera una política pública respaldada por ley.

El panel estuvo integrado por Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina; Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO-Argentina; Fernanda García Monticelli; y Lila Calderón, fundadora de la Mesa Nacional.

Una política de Estado con controles y auditorías

Los referentes coincidieron en que la integración socio urbana no es una política partidaria, sino una herramienta de transformación social consolidada como política de Estado desde 2016 y ratificada por unanimidad en el Congreso en 2018.

Recordaron que su implementación fue auditada por organismos internacionales y nacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sindicatura General de la Nación y la Universidad Católica Argentina, que certificaron transparencia y ejecución territorial.

“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió Carrara, quien subrayó que urbanizar no es solo garantizar agua potable y electricidad segura, sino también promover el protagonismo comunitario.

Desde el territorio, Calderón recordó que muchos barrios llevaban más de 70 años de abandono, con conexiones eléctricas precarias que provocaron incendios y muertes evitables. “Nos quedaron vecinos en el camino por vivir en zonas inundables o por instalaciones informales”, señaló.

Asimismo, García Monticelli detalló que, durante la vigencia plena de la política, el 80% de los barrios populares recibió inversión pública, con más de 1.200 proyectos, 24.000 lotes con servicios y 250.000 mejoras habitacionales mediante el programa Mi Pieza. “No se desmantela una oficina, sino la pieza ejecutora en el territorio”, advirtió.

Por su parte, Maquieyra remarcó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) surgió “de abajo hacia arriba” y se transformó en política nacional con consenso total. “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular, vivís 11 años menos?”, planteó.

Respaldo judicial e institucional

Durante la conferencia se informó que más de 700 obras están paralizadas y que 11.000 mujeres fueron afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza. Además, recordaron que el Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares para garantizar la continuidad de la política y suspender cualquier intento de disolución del fondo correspondiente.

El reclamo cuenta con más de 200 adhesiones, entre ellas las del CONICET, la UOCRA, FUNDAR y la Pastoral Social Argentina.