Crisis en el sector pesquero por retenciones y costos en dólares

Representantes del sector pesquero argentino mantuvieron una reunión con autoridades nacionales para advertir sobre la delicada situación que atraviesa la actividad. El encuentro se realizó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tuvo como eje central el pedido de eliminación de los Derechos de Exportación (retenciones), considerados por las cámaras empresarias como el principal obstáculo para sostener la competitividad y el empleo.

Los empresarios fueron recibidos por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, a quienes les expusieron un diagnóstico crítico sobre el presente y el futuro inmediato del sector.

A pesar de haber generado USD 2.010 millones en divisas durante 2025, el segundo mejor registro histórico, las cámaras empresarias advirtieron que la actividad se volvió económicamente inviable. La combinación de costos dolarizados, precios internacionales a la baja y una alta presión impositiva amenaza con paralizar la pesca comercial en el litoral marítimo.

Desde el sector sostienen que las retenciones, que oscilan entre el 5% y el 9% según el producto, terminan de desbalancear una ecuación ya deteriorada, especialmente frente a países competidores que no aplican este tipo de impuestos a sus exportaciones.

La postura de las cámaras empresarias

Del encuentro participaron las principales entidades del sector, entre ellas la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

Eduardo Boiero, presidente de CAPECA, valoró el ordenamiento macroeconómico impulsado por el Gobierno, pero fue contundente al marcar los límites del esfuerzo privado. Señaló que, con costos en dólares muy elevados y mercados internacionales deprimidos, las retenciones colocan al sector en una imposibilidad real de competir.

Impacto social y riesgo de nuevas paralizaciones

Boiero remarcó además el fuerte impacto social de la industria pesquera, que emplea a unos 46.000 trabajadores en comunidades costeras de todo el país. Recordó que en 2025 una paralización parcial de la actividad provocó pérdidas superiores a los USD 200 millones en exportaciones de langostino.

En la misma línea, Facundo Godoy, vicepresidente de CAPIP, explicó que la flota tangonera perdió la mitad de la temporada y registró una caída del 50% en capturas y exportaciones. Según afirmó, ese sacrificio económico fue irrecuperable y la quita de retenciones hubiera permitido amortiguar parte del daño.

Las cámaras también enumeraron otros problemas estructurales que afectan la rentabilidad: el atraso en la devolución del IVA, que genera serios problemas de liquidez; los altos costos de mantenimiento de las flotas; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE).

Coincidieron en que cada uno de estos factores es difícil de absorber por separado, pero juntos configuran un escenario de crisis profunda, que pone en riesgo la continuidad de la actividad en todo el litoral marítimo.

Si bien destacaron la buena predisposición y el conocimiento técnico de los funcionarios, el mensaje del sector fue claro: sin eliminar las retenciones, los números no cierran. Las entidades remarcaron que no solicitan un trato diferencial, sino igualdad de condiciones frente a países competidores que no gravan las exportaciones pesqueras.