La CGT avanza con la judicialización de la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, y confirmó que avanzará con la judicialización de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei.

Desde la central obrera sostienen que la norma vulnera derechos constitucionales y anticiparon que presentarán un planteo formal para que la Justicia declare su inconstitucionalidad.

La concentración se realizó frente al edificio de la Corte Suprema, en un gesto que combina presión política y estrategia legal. Bajo la consigna “La reforma laboral es inconstitucional”, dirigentes y militantes sindicales expresaron su rechazo a los cambios introducidos en la legislación del trabajo.

En un comunicado difundido durante la protesta, la CGT afirmó: “Defender el trabajo también es defender la Constitución”. El mensaje apuntó directamente al núcleo del debate: si la reforma laboral respeta o no las garantías establecidas en la Carta Magna y en los tratados internacionales incorporados a ella.

El planteo de inconstitucionalidad

La judicialización implica que la central sindical buscará que los tribunales analicen la validez jurídica de la ley. El eje del cuestionamiento estaría vinculado a posibles afectaciones de derechos adquiridos, condiciones laborales y principios protectores del derecho del trabajo.

El co-secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, rechazó de plano la iniciativa oficial y aseguró que la organización “no va a permitir que se retroceda en un solo derecho”. Según el dirigente, la central tiene “muy claro cuáles son los intereses que representa” y por eso decidió ponerse al frente del reclamo.

La tensión entre el Gobierno y el sindicalismo suma así un nuevo capítulo. Mientras el Ejecutivo defiende la reforma laboral como herramienta para modernizar el mercado de trabajo y fomentar la inversión, la CGT sostiene que el proyecto implica un retroceso en conquistas históricas.

La estrategia de llevar el debate al plano judicial puede extender el conflicto en el tiempo y trasladarlo al ámbito de la Corte Suprema o de tribunales laborales. De prosperar el planteo, la Justicia deberá analizar si la ley respeta los principios constitucionales vinculados al trabajo, la negociación colectiva y la protección del empleo.