Ley de Glaciares: exigen transparencia en la audiencia para su reforma

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó el desarrollo de la audiencia pública convocada para debatir una posible reforma de la Ley de Glaciares, al advertir una serie de irregularidades administrativas que, según sostuvo, comprometen la transparencia del proceso.

A través de redes sociales, el legislador planteó que desde el 5 de marzo está abierta la inscripción para participar, pero que aún no se publicó el registro de personas inscriptas, un requisito considerado clave para garantizar el control ciudadano y la publicidad del procedimiento.

Según Ferraro, la ausencia de esa información dificulta verificar quiénes participarán efectivamente de la audiencia, un elemento central en procesos de debate público sobre políticas ambientales.

Otra de las situaciones señaladas por el diputado está vinculada con las comunicaciones enviadas a los participantes inscriptos.

De acuerdo con su denuncia, varias personas recibieron inicialmente un correo confirmando que estaban “debidamente inscriptas”, pero luego recibieron un segundo mensaje que solo indicaba que “la solicitud fue recibida”.

Dejen de hacer trampa con la audiencia pública de Glaciares.

La inscripción comenzó el 5 de marzo y ya pasaron 5 días sin que se haya publicado el registro de personas inscriptas, algo básico para garantizar transparencia y control ciudadano.

Además, a muchos participantes…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 11, 2026

Ferraro calificó esta situación como una “picardía administrativa y semántica”, ya que —según explicó— genera incertidumbre sobre la confirmación real de la participación en la audiencia.

Para el legislador, este tipo de inconsistencias debilita la seriedad del proceso institucional y podría derivar en cuestionamientos legales.

Riesgo de judicialización del proceso

El diputado advirtió que las irregularidades y demoras detectadas podrían derivar en una judicialización de la audiencia pública.

En ese sentido, recordó que estos procedimientos deben cumplir con principios básicos como:

• Publicidad del proceso
• Acceso pleno a la información
• Reglas claras de participación

Estos estándares surgen tanto de la Ley General del Ambiente como del Acuerdo de Escazú, que establecen garantías para la participación ciudadana en decisiones ambientales.

Más de 20.000 inscriptos y pedido de ampliar la audiencia

Uno de los puntos centrales del reclamo es la magnitud del interés público en el debate.

Según Ferraro, más de 20.000 personas se inscribieron para participar, por lo que consideró necesario ampliar la cantidad de jornadas de la audiencia pública.

El objetivo sería garantizar una participación real, efectiva e inclusiva, en línea con lo que exige la Constitución Nacional Argentina respecto de la participación ciudadana en cuestiones ambientales.

Un debate que trasciende a las provincias cordilleranas

Otro de los cuestionamientos apunta al criterio de selección de participantes, que —según indicó— estaría priorizando a las provincias cordilleranas.

Ferraro sostuvo que la discusión no puede limitarse solo a esas jurisdicciones, ya que el impacto de la protección de glaciares y recursos hídricos tiene un alcance interjurisdiccional.

Los glaciares cumplen un rol estratégico en la regulación del agua, las cuencas hídricas y los acuíferos, recursos que abastecen a distintas regiones del país y que resultan clave para el consumo humano, la producción agrícola, la industria y el desarrollo energético.

Por ese motivo, el legislador consideró que el debate debe incluir a comunidades, sectores productivos y ciudadanos de todo el país, más allá de las zonas cordilleranas.