ARA San Juan: fiscales recurren a Casación por su participación en el juicio

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal contra una resolución que limita la participación de fiscales en el juicio oral por el hundimiento y la implosión del submarino ARA San Juan.

La presentación busca que se revoquen dos decisiones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, dictadas el 23 de diciembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, que establecieron que solo dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino Eduardo Casal podrán intervenir en el debate.

El proceso judicial investiga las responsabilidades de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina en la tragedia ocurrida en 2017.

Qué cuestiona el Ministerio Público Fiscal

El planteo fue presentado por el equipo de fiscales que interviene en el caso: Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta.

Según el MPF, la decisión del tribunal afecta la autonomía funcional del organismo y contradice lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que garantiza la independencia del Ministerio Público.

Los fiscales sostuvieron que el tribunal limitó arbitrariamente la participación del equipo fiscal, interfirió en la organización interna del Ministerio Público y desconoció facultades del procurador general para designar fiscales.

En el recurso presentado señalaron que la resolución “afecta críticamente la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

La decisión del tribunal que generó la disputa

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz había decidido que en el juicio solo actúen Gastón Pruzan y Lucas Colla.

De esta forma, quedaron excluidos de la participación activa Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, quienes integraban el equipo designado por la Procuración General.

Los jueces justificaron la decisión en el principio de igualdad de las partes, conocido como “igualdad de armas”, argumentando que la presencia de más fiscales podría afectar el equilibrio del proceso.

Sin embargo, los representantes del MPF rechazaron ese argumento y señalaron que la igualdad de armas no implica igualdad numérica, sino igualdad de oportunidades para ejercer la defensa y la acusación.

La polémica por los alegatos en el juicio

Otro de los puntos cuestionados por los fiscales es la decisión del tribunal de establecer que solo podrán alegar quienes hayan participado de todas las audiencias del debate.

Para el Ministerio Público, esta disposición limita injustificadamente la actuación del organismo, ya que en los procesos judiciales es habitual que existan reemplazos o rotaciones entre fiscales o defensores.

En ese sentido, citaron jurisprudencia que indica que los reemplazos dentro del Ministerio Público no afectan la validez del juicio, siempre que se mantenga la presencia institucional durante el debate.

El argumento constitucional del MPF

En su presentación ante Casación, los fiscales remarcaron que el Procurador General tiene la facultad de designar equipos de trabajo para casos complejos.

Según indicaron, la resolución del tribunal “se inmiscuye en facultades de organización y utilización de recursos humanos de un órgano constitucional con autonomía funcional”.

Además, recordaron que el Ministerio Público Fiscal tiene el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia y defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad.

Antecedentes del conflicto judicial

La controversia comenzó en la audiencia preliminar del 4 de diciembre de 2025, cuando el MPF informó la conformación del equipo fiscal designado semanas antes por el procurador interino.

Sin embargo, en el acta de esa audiencia quedó asentado que solo dos fiscales podrían intervenir en el debate, lo que generó el reclamo del organismo.

El 10 de diciembre de 2025, el MPF pidió al tribunal que corrigiera lo que consideraba un error en el acta, pero el pedido fue rechazado.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025, el tribunal formalizó la limitación a dos fiscales y estableció la restricción para alegar. La fiscalía apeló la decisión mediante un recurso de casación, que fue declarado inadmisible.

Ante ese escenario, el equipo fiscal decidió presentar ahora un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá analizar si corresponde revisar la decisión del tribunal.