Imputan a directivos y a un médico de una clínica de Pergamino por fraude al PAMI

La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, formalizó la imputación contra el presidente, el director médico y un profesional de la Clínica Centro SA por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública.

Según la investigación, los acusados habrían facturado al menos 191 órdenes médicas electrónicas correspondientes a consultas y prácticas que nunca fueron realizadas a 28 afiliados del PAMI entre abril y diciembre de 2024.

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada imputado y les prohibió salir del país por 90 días mientras avanza la causa.

Cómo funcionaba la maniobra denunciada

De acuerdo con la fiscalía, las maniobras consistían en utilizar datos personales de afiliados que nunca habían concurrido a la clínica ni padecían las patologías consignadas en las órdenes médicas electrónicas (OMES).

Con esos datos, presuntamente se cargaban consultas y estudios falsos —como electrocardiogramas y radiografías— a través del sistema informático oficial de PAMI para luego facturarlos al organismo.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una afiliada que detectó en su historial médico prácticas que jamás se había realizado. A partir de allí, la Unidad Fiscal especializada comenzó a contactar a otros pacientes, quienes también desconocieron las prestaciones registradas a su nombre.

Auditorías, allanamientos y pruebas recolectadas

Durante la pesquisa se realizaron entrevistas, análisis de direcciones IP, tareas de campo y un allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina. Según la fiscalía, las pruebas permitieron corroborar que las consultas y prácticas “no existieron, pero fueron cobradas por la clínica”.

Además, una auditoría efectuada por el PAMI en agosto de 2024 había advertido graves irregularidades en la prestación de servicios de la clínica, entre ellas falta de personal, deficiencias en equipamiento y ausencia de documentación médica obligatoria.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con la que se emitían las órdenes médicas: en algunos casos, el profesional imputado habría confeccionado entre cuatro y ocho segundos una OMES detrás de otra para un mismo paciente, un tiempo considerado incompatible con una consulta presencial real.

La fiscalía también investiga si otros profesionales de la institución participaron de las maniobras denunciadas.