Imputan a otro consejero escolar por el caso de agua contaminada en escuelas de Mar del Sud

La justicia federal dispuso imputar a otro consejero escolar del partido de General Alvarado en la causa que investiga el suministro de agua contaminada en establecimientos educativos de Mar del Sud e impulsó la prórroga de la investigación por otros 180 días.

Ahora son cuatro los miembros del Consejo Escolar involucrados en el caso junto a la persona contratada para realizar la limpieza de los tanques del establecimiento, a quien se la acusa de fraguar los certificados de análisis con los que se aprobaban las condiciones sanitarias y apto de consumo para el agua que abastecía a esa comunidad educativa. 

La audiencia de formalización de la investigación para el nuevo imputado fue coordinada por la Oficina Judicial y realizada el miércoles pasado ante el juez federal de garantías Santiago Inchausti. La imputación del nuevo acusado fue a pedido del fiscal Carlos Martínez, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

El juez dispuso para los cinco involucrados la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros. , la fiscalía también reiteró el pedido de embargo sobre bienes registrables de los imputados e insistió con la inhibición general de bienes respecto de la presidenta del Consejo Escolar y del nuevo imputado, ante la falta de bienes registrados a su nombre.

La investigación se inició en abril de 2025 a partir de la denuncia presentada por familias de alumnos del polo educativo de Mar del Sud, integrado por una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes, quienes reportaron problemas de salud en niños, niñas y adolescentes vinculados al consumo de agua de pozo.

Un estudio, conocido el 5 de marzo de 2025, indicó que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli —lo que indica posible contaminación fecal—, y de pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.

La hipótesis fiscal, tras conocerse esos resultados, se basa en que se exhibieron certificados falsificados que aparentaban acreditar la potabilidad del agua con el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la firma apócrifa de una perito experta en química.