Una semana trágica en Mar del Plata, otra oportunidad pérdida

Grupos de vecinos, reuniones con autoridades de la policía y de la municipalidad, cámaras de video que muestran el accionar repetido de los delincuentes que parecen ganar la calle, entre motochorros, entraderas y robos a comercios.

Todo eso quedó en segundo plano cuando nos llegó a redacción de radio Brisas el primer aviso de que un comerciante ingresaba al HIGA, gravemente herido, por un disparo de un delincuente que entró a su negocio con la intención de robarle. Al poco tiempo llegó la confirmación: Ricardo Ruiz, 48 años, ferretero, con un local en Avenida Libertad al 7700, murió cuando entraba al quirófano.

Con el alba del domingo llegó la noticia del femicidio de Johana Mailén Antonich, de tan solo 24 años y madre de dos hijas, de 1 y 6 años. Salió a una entrevista de trabajo y no regresó.

El último drama: Alberto Rodríguez, 68 años y chofer de aplicación. Apareció muerto en el barrio Regional, con varios golpes en el cuerpo y un disparo en una pierna. Lo asesinaron. Poco más se sabe.

En los dos primeros casos, la policía y el ministerio público fiscal actuaron con celeridad. Hay dos detenidos por cada crimen y todo parece estar resuelto. En el caso del femicidio hay una investigación más amplia que puede dar a conocer una trama oscura detrás del crimen de Johana. En el otro, apenas avanza la pesquisa y no hay grandes novedades.

Lo que ocurrió en nuestra ciudad fue tema nacional. Los canales de noticias capitalinos, radios y portales llegaron buscando data y consultando a periodistas locales para que les hagan reportes, además de instalar los móviles en vivo que relataban lo ocurrido casi minuto a minuto.

Semejante tragedia profundizó el miedo y la incertidumbre que sienten los ciudadanos de Mar del Plata, pero, además, desnudó las diferencias en la política y las movidas internas en todos los sectores que son responsables de conducir los destinos de los que habitamos este territorio.

En el After News pasado relatamos las falencias en la seguridad en materia de prevención, pero rescatamos la buena voluntad de trabajo entre el municipio y la jefatura departamental, y destacamos la congruencia de no hacer política con un tema tan delicado. Nunca antes un After News envejeció tan rápido, mientras aparecía el fuego cruzado.

Antes de que se conozca el terrible crimen de Johana, los exponentes locales de La Libertad Avanza salieron a pedirle explicaciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una serie de posteos en X, encabezados por el diputado nacional Alejandro Carrancio.

La Libertad Avanza es aliada del gobierno municipal. La gestión es del Pro y el principal socio del modelo Mar del Plata es la UCR, que decidieron no tomar una postura pública sobre lo ocurrido.

El intendente Agustín Neme estuvo en contacto con las familias damnificadas, habló con la Policía y se interiorizó sobre los avances judiciales, pero no hizo comentarios públicos sobre el tema. Ni en redes, ni en medios de comunicación.

Ni siquiera la oposición se animaba a hablar ante semejantes tragedias ocurridas en menos de 48 horas en Mar del Plata.

El primero en publicar algo fue el exintendente Gustavo Pulti, quien hizo un llamado a trabajar de manera conjunta entre Municipio y Ministerio de Seguridad. Diego García, de Unión por la Patria, fue casi en la misma línea: más trabajo compartido. Ambos evitaron una confrontación abierta con Neme, porque tienen muy claro que cuando la inseguridad golpea, golpea a todos los actores de la política.

Pero el miércoles todo cambió, y comenzaron los rumores de todo tipo. El primero era el cambio del Jefe de la policía Departamental. Todos daban por sentado que las horas del Comisario Fontana estaban contadas y la reunión en Puente 12 había puesto como punto de equilibrio la marcha convocada por una cuenta de Instagram para el mediodía del 5 de agosto. Todo era desmentido de manera categórica. Lo mismo pasaba en el gobierno municipal y algunos rumores periodísticos que vaticinaban la salida de varios nombres del gabinete.

El punto bisagra de la politización del tema fue la recorrida de Eduardo Aparicio, subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por varios medios, desde donde responsabilizó de manera completa al gobierno municipal por nunca haber presentado el plan de seguridad, por no haber ejecutado el fondo específico, denunciando a viva voz que “Mar del Plata tiene un solo lector de patentes” como explicación de la falta de voluntad de trabajar de manera conjunta con el Ministerio.

Hasta los propios se sorprendieron con semejante declaración. De hecho, casi ningún opositor se hizo eco de tamaña acusación porque Aparicio dio a entender que la Policía es un instrumento del intendente de turno y que no tiene accionar propio. Un desconocimiento total de las responsabilidades en territorio bonaerense.

Automáticamente fuimos a buscar las respuestas del gobierno local, sus socios y sus aliados. Silencio absoluto y ni una sola referencia ante tamaño testimonio. Cuando consultamos a los referentes de todos los espacios políticos que están dentro de la gestión municipal actual, sobre si iban a salir a cruzar los dichos de Aparicio, nadie devolvió un mensaje.

Solo un comentario de un allegado de La Libertad Avanza, quien se sorprendió de que fueran ellos los únicos que salieron a exigirle respuestas al responsable principal de la seguridad en la Provincia, que es el propio gobierno bonaerense.

Neme pidió expresamente que se muestren los números del Fondo de Fortalecimiento Municipal en Seguridad, para quienes los consultaran, pero le faltó determinación para mostrarlos públicamente y explicar el uso de los mismos.

General Pueyrredon firmó un acuerdo con el gobierno provincial en el verano del 2025 por 3.000 millones de pesos para usar solo en seguridad. Durante ese mismo año, con Guillermo Montenegro como intendente, recibió una cuota en abril ($1.080 millones) y otra en octubre ($1.000 millones) con una especificación en donde se marcaba que el 65% del gasto debería ser en patrulleros y el resto en tecnología.

Hasta ahora, Mar del Plata entregó 11 camionetas patrulleros, compró 12 más en mayo de este año que se entregan la semana que viene, instaló 46 lectores de patentes y está a la espera de una licitación por fibra óptica, cámaras e insumos para el COM.

La última cuota del Fondo la recibió en abril de este año. Entendemos que el ejecutivo local debe hacerse cargo en la demora de la entrega de la segunda tanda de patrulleros, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una compra directa, lo que acelera los procesos en la administración pública.

En esta acción se pone de manifiesto que la última palabra en materia de seguridad la tiene la Provincia, ya que el municipio propuso que la compra sea de autos patrulleros y no de camionetas, pese a que la preferencia de la Bonaerense fue por las últimas. La municipalidad no determina el uso de estos fondos, sino que es por medio del acuerdo con la Fuerza.

Durante toda la semana, incluso antes de los crímenes, se había vuelto a instalar el rumor del posible regreso de Guillermo Montenegro al despacho municipal. Notas en diarios de presencia nacional y canales de noticias definían a un Neme aislado y a un Montenegro tratando de volver. Un hombre muy cercano al intendente en uso de licencia fue categórico ante la consulta de este medio sobre los rumores: “eso no va a pasar y no vamos a salir a aclarar nada porque no respondemos a operetas”.

Mientras se multiplican las reuniones y los llamados para poner en funcionamiento una mejor seguridad en Mar del Plata, todo parece tener un sesgo político sobre los actores que generan estas posibles mejoras. No solo pasa con el oficialismo local, sino también con la oposición, donde parece no haber línea directa con La Plata, se quedan afuera de las decisiones principales y dejan expuestos hasta los propios.

El jueves se llevó a cabo la Comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad. El concejal Diego García comenzó su participación recordando el tratamiento de un expediente que fue presentado en el 2024 y explicó que “no se puede pasar por alto los tres homicidios, la manifestación de los vecinos y el cambio del jefe departamental”. Fontana sigue siendo el jefe y solo hubo un cambio de esquema, pero el gobierno de Kicillof y la gestión del ministro Javier Alonso le dieron total apoyo a la conducción actual.

Desde el municipio están en búsqueda de la presencia de mayor cantidad de efectivos de fuerzas federales en la ciudad. “Estamos dispuestos a pagar el sostén de los efectivos en Mar del Plata”, dicen, pero parece no ser todo tan fácil, incluso cuando están activos los vasos comunicantes, no solo por la afinidad política, sino por la presencia de un exsecretario de seguridad del municipio, Martín Ferlauto, que ocupa el segundo lugar del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hubo conversaciones, pero la planificación será más importante que los fondos que lleguen a la ciudad.

Tampoco ayuda al diálogo, el pedido de renuncia al actual secretario de seguridad local, Rodrigo Goncalvez, de la diputada provincial Sofía Pomponio, compañera de Ferlauto en la gestión hasta el 2023. Pomponio publicó en X luego de la marcha de los vecinos “¿y el secretario de seguridad cuándo renuncia?”. Supuestamente, son aliados.

Ya que hablamos de la marcha es necesario manifestar el cansancio de los marplatenses ante el crecimiento de los hechos de inseguridad. Los barrios buscaron puntos de encuentro con los actores principales y se generaron más de 400 reuniones para conocer la problemática puntual, pero no alcanza.

Tampoco va a alcanzar si la protesta es enfrentar a los ciudadanos con la Fuerza y las autoridades, rompiendo rejas, lastimando efectivos y mucho menos impulsando la justicia por mano propia.

El Foro Periodismo Argentino, Fopea, emitió un comunicado donde “ve con preocupación la aparición de páginas en Instagram de Mar del Plata que promueven el castigo de presuntos delincuentes por parte de civiles o, peor aún, de presos alojados en cárceles”.

Deja en claro lo peligroso que puede ser para la sociedad querer suplantar la Policía o el poder judicial por una especie de tribunal ciudadano que está dispuesto a todo en “nombre de la inseguridad”.

Desde estas líneas repudiamos enérgicamente semejante acto de barbarie que empareja la violencia, incita la venganza y no promueve la paz.

Por Adrián Barbarulo

Imagen generada con IA