La Defensoría del Pueblo analiza presentar un amparo colectivo para sostener la Zona Fría

La discusión por la continuidad del beneficio de Zona Fría atraviesa una etapa decisiva y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon analiza la posibilidad de presentar un amparo colectivo si el Senado de la Nación aprueba la modificación del régimen. Así lo explicó el defensor del pueblo municipal, Marcelo Lacedonia, durante una entrevista con Radio Brisas.

En diálogo con la emisora, Lacedonia señaló que el organismo viene trabajando en el análisis técnico y jurídico de una eventual acción judicial, mientras continúa el reclamo para sostener el descuento en las facturas de gas natural que alcanza a los usuarios de Mar del Plata.

La iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno nacional busca modificar el esquema vigente de beneficios energéticos. Lacedonia explicó que la Defensoría del Pueblo comenzó a reunir firmas desde que el Poder Ejecutivo nacional envió el proyecto a la Cámara de Diputados. La campaña se desarrolló tanto de manera digital como presencial, en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo, según detalló, fue generar conciencia entre los vecinos sobre el alcance de la propuesta y las consecuencias que podría tener para los usuarios del servicio de gas. “Hubo una gran presencia de la gente, casi de manera espontánea”, señaló el defensor, al referirse a la participación de la comunidad en la iniciativa. La recolección de adhesiones comenzó aproximadamente cuatro meses antes de la entrevista, en un contexto en el que el tratamiento legislativo había quedado demorado en el Senado.

“No necesitamos que nadie nos diga que somos zona fría”

Durante la conversación, Lacedonia hizo referencia a las condiciones climáticas de Mar del Plata y a la necesidad de calefacción que tienen los vecinos durante el invierno.

“Nosotros tampoco necesitamos que nadie nos diga que somos zona fría. Lo vivimos a diario”, afirmó el defensor del pueblo municipal.

Su planteo se vincula con la defensa del criterio climático que fundamenta el régimen vigente. La discusión gira en torno a si el acceso a la bonificación debe continuar determinado por la ubicación geográfica de los usuarios o si debe reemplazarse por un esquema vinculado a la situación económica y patrimonial de cada hogar.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de acudir a la Justicia para cuestionar la eventual eliminación del beneficio. Lacedonia explicó que el organismo mantiene conversaciones con representantes de entidades de consumidores y que considera jurídicamente viable la presentación de un amparo colectivo. “Nosotros entendemos que podría ir por ahí”, expresó al referirse a la estrategia judicial que se encuentra bajo análisis.

El defensor señaló que se trataría de una cuestión de incidencia colectiva, debido a que una modificación del régimen energético podría afectar a numerosos usuarios de Mar del Plata y de otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

El principio constitucional de no regresividad

Lacedonia fundamentó su posición en principios constitucionales vinculados con los derechos económicos y sociales, entre ellos el principio de no regresividad.

Según explicó, si un beneficio es reconocido como un derecho económico y social, el Estado no debería adoptar medidas que impliquen un retroceso en el nivel de protección alcanzado. En ese marco, planteó que la eliminación de la compensación tarifaria podría ser analizada desde una perspectiva constitucional.

“Si un derecho fue otorgado, un derecho económico social, como podría ser una compensación tarifaria como el régimen actual, no podría dar marcha atrás el Gobierno actual”, sostuvo durante la entrevista.

El planteo constituye el argumento jurídico expresado por el defensor. La procedencia de un eventual amparo y la interpretación de los principios constitucionales dependerán del texto definitivo de la norma, los antecedentes judiciales y el análisis que realicen los tribunales competentes.

La diferencia entre el criterio climático y el económico

Otro de los cuestionamientos formulados por Lacedonia se refiere al criterio que utilizaría el nuevo esquema de subsidios. El defensor consideró que la reforma reemplazaría el criterio bioclimático del régimen actual por una evaluación económica y patrimonial de los usuarios.

En su análisis, la modificación generaría una diferencia en el tratamiento de los beneficiarios de un mismo servicio público: mientras que en determinadas regiones de la Patagonia continuaría aplicándose un criterio climático, en otras zonas el acceso al beneficio dependería de la situación económica del hogar. “En el caso nuestro pasaría el que podría acceder a ese beneficio a tener un criterio económico patrimonial y en el caso de la Patagonia sería un criterio climático”, explicó.

Lacedonia sostuvo que esa diferencia podría plantear un problema relacionado con el principio de igualdad constitucional. Se trata de una interpretación jurídica expuesta durante la entrevista, cuya validez deberá determinarse a partir de las disposiciones concretas del proyecto y de su eventual aplicación.

Cuándo podría presentarse el amparo

Consultado sobre el momento en que podría iniciarse una acción judicial, Lacedonia explicó que la Defensoría analiza avanzar una vez que la eventual modificación se convierta en ley.

El defensor consideró que, mientras el proyecto continúa en tratamiento parlamentario, un juez podría interpretar que todavía no existe una amenaza concreta y actual para el derecho que se busca proteger. “Una vez sancionada la ley, ahí ya la amenaza, legalmente hablando, a un bien jurídico ya sería casi un hecho”, afirmó.

En ese sentido, la estrategia que evalúa el organismo estaría vinculada con el resultado del debate legislativo. Hasta tanto no se conozca la norma definitiva, no puede asegurarse si se presentará el amparo, cuál será su alcance ni qué resolución adoptará la Justicia.