El juez Galarreta alertó por la superpoblación carcelaria y explicó por qué se permiten los celulares en prisión

El juez de Ejecución Penal de Mar del Plata, Juan Galarreta, pasó por los estudios de Radio Brisas para participar de El Pase, junto a Adrián Barbarulo y Marina Enrico. Durante la entrevista, abordó algunos de los principales debates sobre el sistema judicial y penitenciario: desde la percepción social sobre la Justicia hasta el uso de celulares en las cárceles y las dificultades para lograr la resocialización de las personas detenidas.

En ese marco, el magistrado defendió la necesidad de garantizar derechos dentro de los establecimientos penitenciarios y planteó que la superpoblación carcelaria y la falta de oportunidades educativas y laborales son problemas centrales que deben atenderse.

Al referirse a la percepción negativa que existe sobre el Poder Judicial, Galarreta consideró que esa imagen es injusta y la vinculó con las expectativas sociales sobre las respuestas que debe brindar el Estado frente a la inseguridad.

Juan Galarreta aseguró que la comunicación es un derecho que tienen las personas privadas de la libertad y dejó en claro que son muy pocos los detenidos que cometen delitos con los celulares. El juez de Ejecución Penal de Mar del Plata remarcó que "sobre una población de 65 mil presos en la provincia de Buenos Aires tan solo 360 internos fueron sometidos a procesos con motivo de haber cometido delitos por el uso de celulares". Además, señaló que "hay 43 mil celulares registrados y con control de la autoridad penitenciaria". 📽ï¸Â #ElPase con @marinaenrico y @BarbaruloA

— Radio Brisas (@radiobrisasok) October 29, 2026

"Ante todo, me parece injusto. Esto es producto de todas las expectativas depositadas sobre las respuestas que el Estado debe dar sobre la seguridad o inseguridad", expresó.

Para explicar su postura, el juez aportó cifras sobre el funcionamiento del sistema judicial bonaerense. Según detalló, durante 2025 hubo un millón de causas en la provincia de Buenos Aires: el 70% se archivó, en el 27% intervino la Justicia y apenas el 3% llegó a los jueces.

También advirtió que esas cifras deben analizarse teniendo en cuenta los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades. "Hay una cifra en negro, teniendo en cuenta que el 60% de los delitos no se denuncia", señaló.

En ese sentido, Galarreta remarcó una de las limitaciones que, a su entender, condicionan el trabajo judicial: el Poder Judicial actúa después de que se comete un delito, no antes.

La definición apunta a distinguir las funciones de la Justicia de las tareas preventivas que corresponden a otras áreas del Estado. Para el magistrado, las expectativas sobre la seguridad deben contemplar esa diferencia al momento de evaluar el desempeño de los jueces.

Celulares en las cárceles: por qué Galarreta defiende la comunicación de los detenidos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la polémica por el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios. Galarreta sostuvo que la comunicación forma parte de los derechos que deben garantizarse a las personas privadas de la libertad, aunque aclaró que eso no significa que puedan utilizar los dispositivos sin controles.

"Los derechos más allá de la privación de la libertad tienen que estar garantizados dentro del propio establecimiento carcelario", afirmó.

En esa línea, explicó que el Estado debe garantizar el acceso a la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y también la comunicación. Según indicó, los celulares que se encuentran en las cárceles están registrados y sujetos al control de la autoridad penitenciaria.

"Todos los celulares que están en los establecimientos carcelarios tienen un registro", aseguró.

Para dimensionar el alcance del problema, el juez señaló que la provincia de Buenos Aires tiene una población carcelaria de aproximadamente 65.000 personas, más de la mitad del total de detenidos de todo el país. De ese universo, sostuvo, solo 360 internos fueron sometidos a procesos por delitos cometidos mediante el uso de celulares.

En paralelo, indicó que hay 43.000 teléfonos registrados y controlados por las autoridades penitenciarias.

Galarreta también recordó que el uso de celulares se incorporó a partir de un protocolo establecido durante la pandemia, aunque aclaró que los dispositivos no están destinados a utilizarse libremente.

Entre los argumentos a favor de permitir la comunicación, destacó las posibilidades educativas que ofrece la tecnología. Los teléfonos pueden facilitar el acceso a contenidos y estudios de nivel primario, secundario y universitario. Sin embargo, advirtió que el acceso a la educación sigue siendo limitado: de una población de 65.000 personas detenidas, apenas la mitad puede estudiar.

Para el magistrado, el debate sobre los celulares no debería quedar aislado de los problemas estructurales del sistema penitenciario. En ese punto, puso el foco en la superpoblación: "Hay un 110% de superpoblación en los establecimientos carcelarios. Quizás ahí está el déficit y deberíamos apuntar".

Juan Galarreta aseguró que hay que garantizarle todos los derechos a las personas que están privadas de su libertad. El juez de Ejecución Penal de Mar del Plata precisó que "los derechos mas allá de la privación de la libertad tienen que estar garantizados dentro del propio establecimiento carcelario" . En este marco, dejó en claro que "hay que garantizarle a esa persona todos los derechos: salud, alimentación, salud, educación, trabajo, y entre otros la comunicación". 📽ï¸Â #ElPase con @marinaenrico y @BarbaruloA

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Reincidencia y resocialización: el desafío después de la cárcel

Otro de los ejes de la entrevista fue la reincidencia delictiva y las posibilidades de que una persona que recupera la libertad vuelva a cometer un delito.

Galarreta cuestionó la idea de que el encierro, por sí solo, alcance para modificar las conductas de quienes atraviesan una condena. "Está comprobado científicamente que la cárcel no resocializa", sostuvo.

A partir de ese diagnóstico, planteó que el Estado debe trabajar para ofrecer herramientas educativas, laborales y de acceso a la salud que permitan construir alternativas una vez que la persona sale de prisión.

La perspectiva, explicó, supone pensar la ejecución de una pena más allá del cumplimiento del tiempo de encierro. El objetivo debería ser que quienes recuperan la libertad cuenten con mayores posibilidades de integrarse a la sociedad y alejarse de la actividad delictiva.

En cuanto a la posibilidad de anticipar si una persona volverá a delinquir, el juez aclaró que no existe una certeza absoluta. "Los jueces no tenemos la lámpara de Aladino para saber si el preso que sale va a cometer delitos de vuelta. Si no sería como Minority Report", afirmó, en referencia a la película que plantea un sistema capaz de anticipar crímenes antes de que ocurran.

No obstante, señaló que es posible realizar evaluaciones de riesgo a partir de los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), aunque esos análisis no permiten predecir con seguridad qué hará una persona en el futuro.

De esta manera, Galarreta vinculó la discusión sobre la reincidencia con la necesidad de mejorar las condiciones dentro de las cárceles y fortalecer las políticas de reinserción. En su planteo, la educación, el trabajo, la salud y el acceso a derechos son aspectos centrales para abordar un problema que, según remarcó, no se resuelve únicamente con el encierro.