miércoles 11 de noviembre de 2026
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La Justicia de Mar del Plata dictó prisión preventiva para los acusados de organizar estafas y entraderas desde cárceles

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, a pedido del fiscal Mariano Moyano. Los imputados son Hugo Miguel, Alejandro Rosales Demetrio, Jonathan Villalba y Franco Miguel.

La Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva para los cuatro integrantes de una banda acusada de cometer estafas virtuales y coordinar entraderas desde las cárceles de Batán y Olmos.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, a cargo del juez Juan Tapia, que hizo lugar al planteo presentado por el fiscal Mariano Moyano, quien lleva adelante la investigación.

Los acusados son Hugo Miguel, Alejandro Rosales Demetrio, Jonathan Villalba y Franco Miguel, señalados como integrantes de una organización que habría utilizado teléfonos celulares desde establecimientos penitenciarios para contactar a víctimas, obtener dinero mediante engaños y organizar robos en viviendas.

La investigación permitió reconstruir una modalidad delictiva que combinaba estafas telefónicas, extorsiones y robos bajo la modalidad de entradera. Según los elementos reunidos por la Fiscalía, los integrantes de la organización realizaban llamados a personas de distintos puntos del país y recurrían a diferentes engaños para conseguir transferencias de dinero o preparar asaltos en domicilios.

Entre las maniobras detectadas aparecían el supuesto llamado de un comisario o de un gerente bancario, las falsas noticias sobre familiares detenidos y el engaño conocido como “la llorona”, en el que una persona simula ser un familiar que necesita ayuda urgente.

Uno de los personajes utilizados para concretar las estafas era un supuesto comisario Gutiérrez, que se comunicaba con las víctimas para advertirles sobre presuntos accidentes de familiares o situaciones que requerían la entrega de dinero.

Los allanamientos y las pruebas reunidas

El caso tomó estado público a fines de octubre, cuando se informó sobre los procedimientos realizados en las unidades penitenciarias de Batán y Olmos. Durante los allanamientos se secuestraron ocho teléfonos celulares y dos troqueles de chips, que luego fueron sometidos a peritajes.

De acuerdo con lo publicado anteriormente por Infobrisas, los investigadores detectaron que desde esos dispositivos se habían realizado más de 5.000 llamados desde julio, en el marco de las maniobras que se investigan.

El análisis de los equipos permitió establecer vínculos entre los acusados y reconstruir la coordinación de distintas acciones delictivas. La pesquisa también incluyó episodios concretos, entre ellos el intento de engaño a un vecino que recibió la visita de personas que se presentaron como policías y buscaban obtener dinero.

Una investigación que expuso el uso de celulares en prisión

La causa también puso en primer plano el uso de teléfonos celulares por parte de personas detenidas en establecimientos penitenciarios bonaerenses. Tras los resultados de los procedimientos, el fiscal Mariano Moyano reclamó que se prohíba de manera urgente el uso de esos dispositivos en las cárceles.

En declaraciones a Radio Brisas, el funcionario sostuvo que la investigación evidenciaba las posibilidades de organizar delitos desde los lugares de detención y advirtió sobre las dificultades para controlar el uso de los aparatos.

Con el dictado de las prisiones preventivas, los cuatro acusados continuarán detenidos mientras avanza el proceso judicial por los hechos que se les atribuyen.