Denuncian a Montenegro por agresiones y hostigamiento a personas en situación de calle
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto F. Cipriano García, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mar del Plata, han presentado una denuncia contra el intendente Guillermo Montenegro y varios funcionarios de su administración.
El reclamo, con patrocinio letrado de expertos en derechos humanos, destaca una serie de hechos que califican como hostigamiento y violación de derechos fundamentales contra personas en situación de vulnerabilidad.
Se acusa a las autoridades locales de ejercer violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra personas en situación de calle y trabajadores informales como cuidacoches, “trapitos” y limpiavidrios.
Además, se los denuncia por promover discursos discriminatorios y racistas, avalados por publicaciones en redes sociales del propio intendente, quien expresó frases como: "Esto no es un trabajo" y "Andá a boquear a la autoridad en otro país, terminás preso o abatido".
Asimismo, por omitir denunciar agresiones físicas de agentes municipales, mientras que las mismas eran celebradas públicamente en lugar de sancionarse.
La denuncia incluye abuso de funciones municipales, ya que agentes del municipio habrían asumido tareas propias de las fuerzas policiales, violando normativas provinciales.
A su vez, el incumplimiento de deberes de funcionario público y apología del delito por promover y reivindicar acciones ilegales en perjuicio de sectores vulnerables; Racismo y discriminación al estar reflejado estereotipos y prejuicios manifestados en políticas y comunicaciones públicas.
También se encuentra la figura de violencia institucional en la denuncia realizada, por la coordinación de operativos con fuerzas de seguridad locales que implicaron uso desproporcionado de la fuerza.
La presentación incluye videos y publicaciones en redes sociales como evidencia de los actos denunciados. Entre los documentos aportados se encuentran referencias a habeas corpus presentados previamente, en los cuales se señalaron las irregularidades del accionar municipal.
Las organizaciones solicitan una investigación exhaustiva que evalúe las responsabilidades de Montenegro y sus funcionarios en los hechos denunciados. Exigen la adopción de medidas concretas para frenar la violencia institucional y garantizar los derechos de las personas afectadas.