Deudores de cuota alimentaria: Qué cambia con la nueva ley en la Provincia de Buenos Aires
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una importante actualización al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) que introduce cambios significativos en el sistema de control de pagos de pensiones alimenticias.
La modificación más relevante permite la inscripción de los deudores desde el primer incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria, eliminando el requisito anterior que exigía tres faltas consecutivas o cinco alternadas para poder registrarlos.
La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, amplía el alcance del registro. Ahora no solo se incluirá a los progenitores morosos, sino también a los empleadores que no retengan los haberes alimentarios pese a haber sido intimados judicialmente, así como a otros acreedores en determinados casos. Además, por primera vez se contemplan los alimentos provisorios dentro de este sistema de control.
Entre las sanciones reforzadas se destaca la suspensión de trámites para habilitación de comercios -excepto cuando esta sea la única fuente de ingresos del deudor- y el impedimento para inscribirse en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Otro aspecto novedoso es la exigencia del certificado de libre deuda para designaciones en el sector público provincial y municipal.
La ministra Estela Díaz destacó que "esta reforma es un avance fundamental para proteger los derechos de las infancias y mejorar la autonomía económica de las mujeres". Los datos oficiales revelan que 7 de cada 10 madres en la provincia no reciben el aporte alimentario del otro progenitor, situación que afecta principalmente a los hogares monomarentales.
La actualización del RDAM se enmarca en las conclusiones del "Informe sobre Incumplimiento de la Obligación Alimentaria" presentado en 2022, que evidenció las graves dificultades que enfrentan las familias cuando no se cumplen estos pagos.
La nueva ley complementa otra reforma reciente que simplificó los procesos judiciales para el reclamo de alimentos, buscando crear un sistema más eficiente de protección para los niños, niñas y adolescentes.