Día Mundial contra la Trata: avances, desafíos y datos clave de una lucha que sigue vigente
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio desde su instauración por la ONU en 2013, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer un balance de su labor en la materia.
Durante el último año, se dictaron 10 sentencias condenatorias y se firmaron 3 acuerdos conciliatorios que involucraron a 22 personas responsables de explotar a un total de 82 víctimas.
Estos datos reflejan parte del trabajo sostenido que lleva adelante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), un organismo clave en la lucha contra este delito complejo y transnacional.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364, que establece un marco legal para la prevención de la trata y la asistencia a sus víctimas, se acumulan 542 sentencias condenatorias y 8 acuerdos conciliatorios en el fuero federal, que resultaron en la condena de 1043 personas por hechos que afectaron a 2560 víctimas.
Radiografía del delito
El análisis de los perfiles involucrados arroja datos preocupantes: el 77,8% de las personas condenadas son de nacionalidad argentina y en su mayoría varones (64,2%). Las víctimas, en cambio, son mayoritariamente mujeres (79%), seguidas por varones (20,5%) y personas trans (0,5%).
La explotación sexual continúa siendo la modalidad más frecuente, representando el 66% de las condenas, seguida por la explotación laboral (33,6%). Apenas un 0,4% corresponde a otras formas de explotación.
En paralelo, PROTEX inició más de 3700 investigaciones preliminares y, a través de la administración de la Línea 145, se recibieron más de 19.200 denuncias, con 2.415 reportes solo en el último año, lo que demuestra tanto el alcance del problema como el fortalecimiento de los canales de detección temprana.
Una red estatal y regional contra la trata
La articulación institucional resulta clave. PROTEX integra el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, un espacio interjurisdiccional que reúne a actores del Estado, organizaciones sociales y agencias internacionales para garantizar el cumplimiento de la ley.
También coordina la Red de Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM), un ámbito de cooperación entre Ministerios Públicos de Iberoamérica que promueve estrategias conjuntas frente al delito transnacional. En esta línea, se destacan las iniciativas que abordan la intersección entre trata, narcotráfico y género, en colaboración con organismos como la RFAI, la REG y el programa COPOLAD.
A nivel nacional, la procuraduría ha puesto énfasis en la correcta identificación de víctimas especialmente vulnerables, como personas con discapacidad, y en la calificación adecuada de los delitos para evitar su invisibilización.
Además, se ha profundizado el trabajo en nuevas formas de explotación, como las coerciones digitales, el tráfico virtual y las organizaciones dedicadas a la subrogación de vientres.