Piden hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan
El Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta cinco años de prisión efectiva para cuatro exjefes de la Armada Argentina acusados por el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, el equipo integrado por los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzan solicitó cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el excapitán de navío Claudio Javier Villamide; cuatro años para el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso; y tres años y seis meses para el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
Además, reclamaron para todos los imputados la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Los representantes del Ministerio Público los consideraron autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 44 personas, en concurso ideal.
Las fallas en el mantenimiento y el alistamiento, en el centro de la acusación
Según expusieron los fiscales, los acusados incumplieron funciones esenciales vinculadas al alistamiento, mantenimiento reglamentario, inspección y control operativo del submarino.
La acusación destacó que existían advertencias previas sobre el estado de la embarcación. Entre ellas, una nota enviada en marzo de 2017 por el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, en la que solicitaba el ingreso del submarino a dique seco debido a diversas deficiencias que afectaban su desempeño operativo.
De acuerdo con la fiscalía, al momento de la última navegación existía un retraso de 44 meses en tareas de mantenimiento previstas tanto por normas de la Armada como por el fabricante de la unidad.
Los investigadores también cuestionaron la suspensión de inspecciones de seguridad y la autorización de operaciones pese a las condiciones deficientes de alistamiento.
En su exposición, remarcaron que las normas incumplidas tenían como finalidad evitar precisamente el resultado que terminó ocurriendo. “La pérdida irreparable de 44 vidas humanas”, señalaron, fue consecuencia de una cadena de decisiones imprudentes adoptadas por quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad de la nave.
“La prueba es irrefutable”, afirmaron los fiscales
Durante el alegato, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la evidencia reunida a lo largo del proceso permite acreditar la responsabilidad de los acusados.
Los fiscales afirmaron que el submarino había incrementado significativamente su actividad operativa durante 2017 respecto del año anterior. Mientras que en 2016 había registrado poco más de 3.100 millas navegadas, en 2017 superó las 7.400 millas y duplicó tanto las horas de inmersión como los días de navegación.
Para la acusación, el factor determinante no fue la embarcación en sí, sino las decisiones adoptadas por las autoridades responsables de su operación y mantenimiento.
“El submarino era el mismo, lo que cambió y marcó la diferencia fueron las titularidades del Comando de Alistamiento y Adiestramiento y del Comando de la Fuerza de Submarinos en 2017”, sostuvieron.
Además de las condenas penales, la fiscalía solicitó reactivar actuaciones administrativas para determinar el costo de reposición del submarino y avanzar en mecanismos de recuperación de activos vinculados a los daños ocasionados.
En el tramo final de la audiencia, los fiscales remarcaron que el caso constituye un llamado de atención para todo el Estado y concluyeron que “el accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de condena”, al considerar acreditado un patrón sistemático de incumplimientos que terminó con la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan.