Javier Alonso cruzó a Santilli por el Régimen Penal Juvenil
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió con dureza al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, luego de que el funcionario cuestionara al gobernador Axel Kicillof por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El cruce se produjo en redes sociales y volvió a poner en el centro de la discusión la edad de imputabilidad de los menores, pero también la infraestructura, los recursos y la intervención de la Justicia necesarios para implementar una reforma de este tipo.
Por medio de una publicación en redes sociales, Alonso le pidió a Santilli que se concentre en sus responsabilidades y reclamó al Gobierno nacional que restituya recursos que, según sostuvo, fueron quitados a la provincia de Buenos Aires.
“Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, planteó el ministro bonaerense. En ese sentido, Alonso cuestionó si una modificación del régimen penal puede implementarse sin ampliar la estructura necesaria para su funcionamiento.
De esta manera, Alonso puso el foco en la necesidad de contar con nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para llevar adelante una reforma de esta magnitud.
El funcionario bonaerense sostuvo que, sin esos elementos, una modificación de la edad de imputabilidad quedaría limitada a un cambio normativo sin las condiciones materiales necesarias para aplicarlo.
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, afirmó.
Además, el ministro vinculó la discusión con los recursos que el Gobierno de Javier Milei destina a la provincia y cuestionó que, mientras se reclama avanzar con cambios en materia penal, no se contemplen, según su planteo, los fondos necesarios para ponerlos en funcionamiento.
La respuesta de Santilli a Kicillof
El intercambio comenzó a partir de un mensaje de Diego Santilli, quien cuestionó el silencio del gobernador Axel Kicillof frente a la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Santilli sostuvo que, en la provincia de Buenos Aires, si un adolescente de 14 años comete un homicidio durante un robo, “queda impune”. A partir de ese planteo, el jefe de Gabinete nacional acusó al gobernador bonaerense de posicionarse “del lado del delincuente” y no de las víctimas.
Las declaraciones de Santilli fueron las que motivaron la respuesta posterior de Alonso.
Además del debate sobre los recursos, Alonso apuntó contra Santilli por atribuir al Poder Ejecutivo una decisión que, según su planteo, corresponde al Poder Judicial. “¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial?”, preguntó el ministro bonaerense.
En esa línea, planteó una crítica institucional al funcionario nacional y sostuvo que la discusión debería contemplar la división de poderes.
“¿No estamos en una República acaso?”, expresó Alonso en su publicación.
El debate por la edad de imputabilidad
El intercambio entre ambos funcionarios vuelve a poner en escena uno de los temas más sensibles de la agenda de seguridad: qué régimen debe aplicarse a los adolescentes que cometen delitos y desde qué edad corresponde establecer responsabilidad penal.
Para Alonso, reducir la edad de imputabilidad por sí solo no resolvería el problema si no existe una estructura judicial y penitenciaria preparada para recibir los casos.
Su planteo apunta a que cualquier reforma debería estar acompañada por inversión, personal especializado y establecimientos adecuados, además de las herramientas judiciales necesarias.
Santilli, en cambio, centró su cuestionamiento en las consecuencias que, según su posición, tiene la ausencia de un régimen que permita responsabilizar penalmente a adolescentes de determinadas edades ante delitos graves.
La discusión por el Régimen Penal Juvenil se suma así a la serie de enfrentamientos políticos entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. Mientras desde Nación se reclama avanzar con una reforma que permita modificar el tratamiento penal de los menores que delinquen, desde la Provincia se cuestiona que cualquier cambio de fondo pueda implementarse sin recursos e infraestructura.
El contrapunto entre Alonso y Santilli expone, además, dos dimensiones diferentes del debate: la discusión política sobre la seguridad y la edad de imputabilidad, y las condiciones concretas necesarias para aplicar una reforma penal.