Diputados de Unión por la Patria cuestionaron el Presupuesto 2027 ante el FMI
Autoridades del bloque Unión por la Patria (UxP) de la Cámara de Diputados y legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para expresar sus cuestionamientos al proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional.
La nota plantea una serie de observaciones sobre los supuestos y las previsiones financieras del proyecto de ley. Los firmantes sostienen que el documento presenta posibles inconsistencias, falta de transparencia y márgenes de discrecionalidad en la administración de los recursos públicos.
La presentación se realiza en una etapa preliminar del análisis legislativo. Los diputados aclararon que todavía no habían evaluado de manera integral la solidez de los supuestos macroeconómicos, el cálculo de los recursos, las proyecciones del gasto primario ni las fuentes y aplicaciones financieras.
El planteo fue dirigido a la conducción del organismo internacional y también incluyó en copia a funcionarios vinculados con las áreas de estudios y supervisión multilateral del FMI.
La carta organiza sus cuestionamientos alrededor de tres aspectos centrales del proyecto presupuestario: el tratamiento del gasto tributario asociado al RIGI, las partidas asignadas a la Jurisdicción 91 y el incremento de la inversión financiera neta.
1. El gasto tributario del RIGI y el resultado primario
Uno de los primeros puntos señalados por los legisladores está relacionado con la estimación del superávit primario de la Administración Pública Nacional para 2027. Según la misiva, el proyecto contempla un resultado primario positivo de $15,4 billones, equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con lo consignado en la página 85 del Mensaje que acompaña la iniciativa.
Los diputados advierten que el cálculo del gasto tributario incluido en el proyecto no contempla el costo atribuible al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742.
El RIGI establece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para determinados proyectos de inversión que cumplen los requisitos legales. La normativa nacional fija condiciones específicas de adhesión y permanencia en el régimen.
De acuerdo con las cifras citadas en la presentación, los proyectos aprobados alcanzarían una inversión total de USD 49.766 millones y una proyección de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos.
Los legisladores estiman que el costo fiscal anual del régimen podría ubicarse en USD 3.359 millones, equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PBI. Esa cifra es presentada como una estimación basada en proyecciones privadas y no como un dato oficial incorporado al cálculo presupuestario.
El cuestionamiento sobre la recaudación
La principal preocupación expresada en la carta es que una eventual pérdida de recaudación vinculada con los beneficios del RIGI podría afectar el resultado primario proyectado por el Poder Ejecutivo. Los firmantes sostienen que la falta de una estimación del costo fiscal del régimen agrega incertidumbre al plan de ingresos y gastos previsto para 2027.
El argumento debe entenderse como una observación política y técnica de los diputados firmantes, cuya validez cuantitativa requiere contrastar los supuestos utilizados con la metodología oficial del Presupuesto y la información actualizada sobre la ejecución de los proyectos.
2. Cuestionamientos a las partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro
El segundo eje de la carta está relacionado con la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro. Según el documento, el proyecto asigna a esa jurisdicción créditos por aproximadamente $14,9 billones, equivalentes a alrededor del 1% del PBI. La justificación citada en el texto oficial describe los fondos como «diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales».
Los diputados cuestionan el nivel de precisión de esa descripción y advierten que la asignación de recursos con destinos poco detallados podría ampliar el margen de decisión de las autoridades económicas durante la ejecución presupuestaria.
El debate sobre la discrecionalidad del gasto
En la presentación, los legisladores vinculan las partidas de la Jurisdicción 91 con el tratamiento del gasto tributario del RIGI. A su criterio, ambas cuestiones podrían generar incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de recursos y la administración de las prioridades definidas por el Congreso.
La preocupación central apunta a que la ejecución de fondos con justificaciones generales podría otorgar mayor flexibilidad al Poder Ejecutivo para determinar el destino de determinadas partidas.
Los firmantes consideran que esto podría afectar la previsibilidad de las políticas públicas y el rol de control del Poder Legislativo.
No obstante, la existencia de una partida presupuestaria en la Jurisdicción 91 no demuestra por sí sola que se haya producido un uso irregular de fondos. Para evaluar el alcance de la discrecionalidad señalada, resulta necesario analizar las normas de ejecución, las facultades de modificación presupuestaria y los destinos específicos previstos en las planillas anexas.
3. El aumento de la inversión financiera neta
El tercer cuestionamiento se concentra en el crecimiento de la inversión financiera neta proyectada para 2027. De acuerdo con la carta enviada al FMI, el monto ascendería a $17,4 billones, frente a los $9,8 billones previstos para 2026. Los legisladores destacan que la diferencia representa un aumento nominal significativo entre ambos ejercicios.
El documento del Poder Ejecutivo, según lo citado por los firmantes, desagrega la inversión financiera neta en cinco conceptos:
- Incremento de inversiones financieras temporarias.
- Adquisición de títulos y valores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
- Incremento de caja y bancos.
- Adelantos a proveedores y contratistas.
- Otras inversiones financieras.
Qué cuestionan los legisladores
Los diputados sostienen que el proyecto no brinda, a su entender, una justificación suficiente sobre el destino y el propósito de determinadas inversiones financieras. En particular, cuestionan la posibilidad de que una parte del resultado financiero o de las fuentes financieras netas se destine a incrementar las disponibilidades de caja, las inversiones temporarias u otras inversiones financieras.
La carta plantea que debería explicarse con mayor detalle la finalidad de esos recursos, especialmente cuando el objetivo fiscal del Gobierno incluye el sostenimiento de un resultado superavitario.
El cuestionamiento se refiere a la transparencia y la trazabilidad de las aplicaciones financieras. La evaluación de su alcance exige revisar las planillas presupuestarias, la composición de las operaciones y las explicaciones oficiales que acompañan al proyecto.
Qué le solicitaron los diputados al FMI
En el tramo final de la carta, los legisladores de Unión por la Patria solicitaron a Kristalina Georgieva un análisis urgente del Presupuesto 2027. Los firmantes justificaron el pedido en el papel del FMI en el seguimiento del desempeño macroeconómico argentino y en la actualización de sus proyecciones. También mencionaron la posibilidad de que el organismo intervenga en la revisión de metas cuantitativas pactadas previamente.
Desde la perspectiva de los diputados, los cuestionamientos expuestos comprometen la razonabilidad y la transparencia que deberían caracterizar el manejo de las cuentas públicas.
La solicitud no constituye, por sí misma, una decisión del FMI ni implica que el organismo haya emitido una evaluación sobre el proyecto. Se trata de una presentación realizada por legisladores argentinos ante la conducción del organismo internacional.
El Presupuesto 2027 y su tratamiento en el Congreso
El proyecto de Presupuesto 2027 fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y se encuentra sujeto al análisis legislativo correspondiente. La Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, publica el Mensaje, el proyecto de ley y las planillas anexas para su consulta. Estos documentos permiten examinar la distribución de los créditos, las estimaciones de recursos y las aplicaciones financieras previstas.
El debate parlamentario deberá abordar los supuestos económicos, las prioridades de gasto y las condiciones de ejecución de las partidas que integran la iniciativa.
En ese contexto, la carta de los diputados de Unión por la Patria incorpora al debate una serie de observaciones sobre el costo fiscal de los incentivos a las inversiones, la asignación de fondos del Tesoro y la evolución de las operaciones financieras.
El documento lleva las firmas de autoridades del bloque Unión por la Patria y de integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Entre los firmantes figuran Gustavo Bordet, Carlos Daniel Castagneto, Itai Hagman, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz y Julia Strada, entre otros legisladores.